En el último día del periodo ordinario de sesiones, el Congreso de la Ciudad de México avaló una reforma con la que, por un convenio de coalición, los partidos políticos podrán distribuirse los votos obtenidos durante las elecciones para la jefatura de Gobierno, alcaldías y diputaciones locales.

La finalidad de este cambio –que entrará en vigor en los comicios de 2024– es que institutos como los partidos del Trabajo y Verde Ecologista puedan conservar su registro local, lo que les daría derecho a recursos del presupuesto público.

Se trata de una reforma al artículo 298 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales local, que establece que “para efectos de la conservación del registro, para otorgamiento de financiamiento público (…) todos los votos se computarán a favor de la misma (coalición) y la distribución de votación será conforme al convenio”.

Para la oposición, dicha reforma es, en el fondo, la llamada cláusula de la vida eterna que favorecerá a los partidos pequeños, lo que a su consideración es inconstitucional.

Precisamente durante la discusión del llamado plan B a nivel federal la transferencia de votos hacia otros partidos fue eliminado del proyecto.

No obstante, en la reforma local se justificó que en los estados de México y Baja California Sur es legal la instauración del convenio de coalición para distribuir los votos entre los partidos integrantes.

Durante su dictaminación fue avalado el retiro de todo lo concerniente al gobierno de coalición que se había aprobado antes en comisiones. Dicha reserva fue presentada por la diputada de Morena Yuriri Ayala, quien afirmó que se requiere una discusión y consenso amplios sobre ese tema.

Lo anterior fue considerado una traición por integrantes del PRD, pues, a decir del diputado Víctor Hugo Lobo ya había un consenso entre las bancadas para aprobar lo referente a la coalición.

Horas antes, el pleno aprobó sanciones contra los que realicen campañas electorales negativas; además, se hará un recuento de votos si la diferencia en una elección es de uno por ciento entre el primer y segundo lugares.

De la misma forma, se estableció la obligatoriedad de que en las plataformas electorales de los candidatos haya propuestas para preservar el medio ambiente y el derecho al voto de personas en estado de postración.

También se aprobó la llamada ley 3 de 3 a nivel local, con el fin de evitar que personas sentenciadas por abuso sexual, violencia familiar o política contra las mujeres y deudores alimentarios puedan aspirar a algún cargo público.

Si bien la coordinadora de Morena en el Congreso local, Martha Ávila, dijo que su bancada está satisfecha por los dictámenes aprobados en el periodo ordinario, adelantó que se espera la realización de al menos un periodo extraordinario de sesiones en los próximos meses.

De la agenda planteada en Morena estamos hablando que 80 por ciento concluimos en este periodo. Estaremos trabajando en las comisiones para ver qué otros temas discutiremos en el extraordinario.