América Latina y el Caribe vive una especie de crisis en cámara lenta, tasas de crecimiento bajas que se han replicado por décadas y sus efectos acumulativos a largo plazo hacen cada vez más urgente la agenda para impulsar la producción, advirtió José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Como parte habitual en sus intervenciones públicas, el funcionario exhibió que en 2023 la región está por completar una nueva década perdida, con un crecimiento promedio de 0.8 por ciento, menos de la mitad del 2 por ciento que rigió en los años 80. Son mínimas las perspectivas de que América Latina y el Caribe salgan de la inercia de avances económicos parcos, por lo que se perfila que vaya por una tercera década perdida, según lo expuesto por el secretario ejecutivo de la agencia.

Salazar-Xirinachs reiteró que sólo una cuarta parte de las metas impuestas por los objetivos de desarrollo sostenible se perfilan a cumplirse en América Latina y el Caribe llegado el plazo de 2030, por lo que se requiere no sólo reforzar las políticas para avanzar en ese sentido, sino que la región también reconsidere los criterios de medición del desarrollo.

Durante la inauguración de la primera Reunión de la Conferencia Regional sobre Cooperación Sur-Sur de América Latina y el Caribe, el secretario ejecutivo de la Cepal enfatizó que el problema de crecimiento en la región se ha postergado ya por décadas, al menos desde los años 80, lo que ha dejado efectos acumulados en pobreza, ingresos tributarios y creación de trabajo.

Sobre esa condición se suman las restricciones fiscales que han agudizado los incrementos de tasas a nivel internacional. El carácter desfavorable del contexto macrofinanciero mundial ha suscitado preocupación por la sostenibilidad en mercados emergentes y economías en desarrollo, entre ellas América Latina y el Caribe, subrayó.

En los países de la región, entre 2 y 5 por ciento del producto interno bruto (PIB) se va al pago de intereses, al tiempo que la deuda bruta gubernamental pasó de 32.4 por ciento del PIB en 2011, a 49.7 por ciento en 2019, para brincar a 60.3 en 2020, debido a los apoyos que se requirieron en el marco de la emergencia por la pandemia de coronavirus.

La situación de restricción fiscal se ve agudizada por la incapacidad endémica de las economías de la región para crecer a tasas altas y sostenidas, destacó el secretario ejecutivo de la Cepal.

En la disyuntiva de las obligaciones administrativas se termina por cumplir con los pagos a los actores financieros y reducir el gasto en política pública para la población, lo cual refuerza la necesidad de reformar la arquitectura financiera internacional, concluyó.