La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México logró la primera sentencia en la investigación de una red de corrupción en el sector de bienes raíces en la alcaldía Benito Juárez, al ser condenado a tres años de prisión el director de Obras y Desarrollo Urbano de 2006 a 2018, Nicias René Aridjis, quien en un procedimiento abreviado aceptó su responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito.

Además se recuperaron unos 25 millones de pesos por los cinco inmuebles que le fueron asegurados en dicha demarcación, Álvaro Obregón y Coyoacán, lo que confirma que no existe ninguna persecución política, sólo una investigación sólida, profesional y científica, afirmó la dependencia.

La sentencia contra el ex funcionario, quien continúa en prisión domiciliaria y se acogió a un criterio de oportunidad (testigo protegido), precisó, corresponde solamente a uno de los delitos de que se le acusa, pues cuenta con otras tres carpetas de investigación.

Dichas carpetas son por su presunta participación en los delitos de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero, pues se le acusa de haber obtenido propiedades a cambio de permitir construcciones fuera de la ley.

Nicias Aridjis figura como responsable de la construcción desmedida de inmuebles en la demarcación territorial, y fue quien determinó que el edificio de Zapata 56, en la colonia Portales, cumplía con todas las disposiciones legales; sin embargo, colapsó durante el sismo de 2017, donde murieron dos mujeres.

De acuerdo con las investigaciones, está vinculado además a empresas de construcción relacionadas con Sofía Soraya –hermana del ex jefe delegacional de Benito Juárez Christian von Roehrich–, quien encabezaría una red de lavado de dinero.

La FGJ explicó que el procedimiento abreviado –que permite el sistema de justicia penal acusatorio– consiste en la oportunidad que se otorga a un imputado de aceptar su responsabilidad, evitando realizar un juicio más largo.

Señaló que a partir de ese momento el imputado inicia el proceso de reinserción social al responsabilizarse de sus actos, recibe una pena menor a la que corresponde de acuerdo con la ley –que sería de más de 15 años– y se le fija una multa, que en este caso fue un acuerdo reparatorio.

El condenado, de acuerdo con fuentes judiciales, paga una parte de lo que se le acusa, pues en otras circunstancias se tendría que ir hasta el juicio final y se le hubiera decomisado todo lo que se le ha encontrado sin ninguna posibilidad de reclamo.

La sentencia es de carácter definitivo, él se hace responsable de lo que se le acusa; permite llegar a un acuerdo reparatorio, que en este caso fueron los cinco inmuebles asegurados, y se abre proceso por los demás delitos que se le imputan, precisaron.

Con ello, añadieron las fuentes, ya no se tiene que esperar a terminar este proceso por enriquecimiento ilícito para abrir los otros, lo cual hubiera llevado otro año o más.