anto el actual mandatario brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, como dos de sus antecesores, el desequilibrado ultraderechista Jair Bolsonaro y el derechista notoriamente corrupto Fernando Collor de Mello, enfrentan problemas graves. De muy distintas índoles, por cierto, pero graves.

El problema de Lula nació de las mismas urnas electorales que le dieron su tercer mandato presidencial: un Congreso claramente conservador, con fuertes y ruidosos bolsones de la ultraderecha que sigue con rigor lo que dice Bolsonaro.

Pasados cinco meses de su llegada al sillón presidencial, Lula no logró el tan esperado frente amplio, pese a distribuir ministerios a partidos que oscilan entre conservadores y manipuladores.

Muchos de sus proyectos importantes no logran avanzar, mientras aparecen propuestas claramente destinadas a contrariar e impedir varias de sus promesas de campaña.

El obstáculo más duro está en la Cámara de Diputados, presidida por Arthur Lira, que de mero desconocido pasó a ser todopoderoso en el gobierno de Bolsonaro. En un mensaje duro, advirtió a Lula que ahora el Congreso tiene protagonismo.

Fue su manera de avisar que temas delicados podrán ser rechazados, como ya ocurre con lo que se relaciona al medioambiente y a los pueblos indígenas, y que las prioridades del gobierno tienen precio, que debe ser cubierto con liberación de presupuesto.

La falta de una articulación eficaz entre gobierno y Congreso preocupa a aliados e incentiva la oposición. Y no hay señal de que el cuadro se invierta a corto plazo.

Ya los dos ex presidentes enfrentan otro tipo de problema, bastante más complejo: la justicia.

Fernando Collor de Mello, el primer presidente elegido por voto popular en 1989, luego de la dictadura militar, asumió en enero de 1990 y fue defenestrado por el Congreso en diciembre de 1992. El motivo: corrupción. Quedó en la memoria por haber confiscado todos los depósitos bancarios y de libretas de ahorro superiores a lo que correspondía a mil 500 dólares. Y, claro, por haber sido el primer presidente depuesto por senadores y diputados nacionales.

Tras cumplir sentencia de suspensión para postularse a cualquier elección, logró ser elegido senador, pero todos sus otros intentos de volver al Congreso fracasaron.

Ahora, su destino está definido: el pasado jueves fue condenado por el Superior Tribunal Federal, instancia máxima de justicia, a la cárcel. Falta definir de cuántos años será la condena. Podrá recurrir, pero las perspectivas son nulas.

Con Jair Bolsonaro y todo su clan familiar, se acumulan denuncias con una velocidad espantosa.

Varios de sus asesores directos –más correcto sería decir cómplices– fueron presos, otros están en libertad, pero bajo estrictas medidas de control, y cada día que pasa aparecen más indicios de mal uso de dinero público.

Son altas las probabilidades de que, como ya ocurrió con Bolsonaro, su actual esposa, Michelle, sea convocada a prestar declaraciones a la Policía Federal.

Sobran indicios de que el cerco a todo el clan, incluso sus hijos, se va cerrando cada vez más.

Para enturbiar aún más el ambiente que lo rodea, por esos días se supo que, además de enfrentar 16 acusaciones tanto en el Tribunal Superior Electoral como en el Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro responde por 600 procedimientos en la justicia común.

El volumen espeluznante surgió de un estudio realizado no por la oposición, sino por el Partido Liberal, el mismo de Bolsonaro. Dicho partido quería saber en detalle los juicios contra el ultraderechista porque deberá aportar para los gastos de abogado en casi todos.

Hay de todo un poco, de graves crímenes electorales a toneladas de multas de tránsito por circular en motos sin usar el casco obligatorio por ley, más otra pirámide de multas por circular sin mascarilla durante la pandemia.

Vale recordar el caso del gángster Al Capone. Involucrado en un sinfín de crímenes violentos, de secuestros a asesinatos, terminó en la cárcel por defraudar al fisco.

Mientras se evalúan todas las denuncias serias en las estancias superiores de la Justicia, quizá Bolsonaro termine en la cárcel por haber violado las normas de tránsito…