ontrario a lo que muchos académicos y politólogos afirmarían, el debate en Francia se concentra hoy en torno al verdadero alcance de su renombrada democracia. Las batallas sociales, que arrojaron el 1º de mayo a cerca de 2 millones 300 mil franceses a las calles, junto con la fuerte brutalización gubernamental del derecho a manifestarse y, sobre todo, al total desprecio frente a sus reivindicaciones con la imposición unilateral de una controvertida ley impuesta sin aprobación por el congreso, han puesto sobre el tapete una aguda confrontación entre derechas, centros e izquierdas sobre las esencias de la democracia.

Laurent Bonelli, en Le Monde Diploma tique de mayo, realiza un amplio análisis de lo que denomina La brutalización del orden manifestante y concluye que desde 2000 dicha brutalización del mantenimiento del orden social ha escalado a niveles no vistos más que en épocas de crisis aguda, como 1968. Ahora, señala, la intimidación de la fuerza no fue compensada por un juego político que abriera espacio a una justicia neutralizante. El sistemático rechazo a la negociación provocó una cólera social. La violencia policial fue enmascarada y justificada por los medios informativos frente a una violencia social injustificable, magnificando los efectos de las huelgas, de la quema de algún contenedor, de las pintas y los embates contra la policía. El contrato social, pilar histórico de Francia, ha sido desmontado en función de los intereses de las élites, sentencia.

Una sensación de amarga tregua sin resignación ha llevado a establecer un compás de espera. La intersindical, representada por Sofie Binet, nueva secretaria general de la CGT, llevó a la asamblea una propuesta de ley que, de ser aprobada, abrogaría la unilateral ley de las jubilaciones. La intersindical que agrupa a 13 organizaciones se reúne y trabaja sobre una plataforma de demandas no sólo de jubilación, sino salariales y de derechos, que convoca de nuevo a una gran manifestación-huelga para el 6 de junio. En este intervalo, muchas contradicciones en la vida cotidiana afloran como muestra de estos procesos. Lo que los teóricos han debatido en las últimas décadas y que Wallerstein denominó certeramente crisis civilizatoria.

Un día cualquiera, en el noticiero se leían los siguientes sucesos: el primero y más grave, el ataque contra las alcaldías en diversos poblados, al alcalde de Saint Brevas, pequeña aldea, le quemaron la casa y el automóvil en la madrugada, él y su familia se salvaron de milagro; la razón fue que había promovido, con apoyo de los ciudadanos, la construcción de un centro de acogida para migrantes, un grupúsculo racista ya se había manifestado en contra. Otras alcaldesas entrevistadas manifiestan que en Longue Ville hace unos días, por la noche, dispararon sobre el edificio, a otra le cortaron los frenos y por casualidad se percató. Las cifras de este problema son: 2 mil 265 alcaldías fueron agredidas en 2022, en lo que va de 2023 han renunciado mil 300 alcaldes por impotencia frente a las agresiones. Los alcaldes representan los votos de proximidad mayor y la posibilidad de consulta y participación ciudadana directa. El debate sobre la acción violenta de ultraderecha lleva, para algunos comentaristas, a identificarla con la respuesta violenta a la contención policial en las marchas de izquierda y sobre todo a justificar los motivos: luchar contra la acogida de migrantes es igual a luchar por la justicia de las pensiones.

Al mismo tiempo, una reunión y una marcha anacrónica se muestran: la de la Federación Royalista por la avenida de la Ópera en París, pequeños grupos de personas de diversas regiones se agrupan en esta bizarra federación, salen a las calles con banderas realistas con la clásica flor de lis que representa la gracia de dios, reclamando el retorno de la monarquía. Otro debate en los medios es si debía o no autorizarse esta marcha y si todos los manifestantes deberían pedir autorización para realizar sus protestas.

En el pequeño hospital de Reims, dos enfermeras son brutalmente atacadas, una de ellas muere y el Observatorio de la Violencia (OV) reporta que en 2022 hubo mil 300 agresiones en contra de personal médico, así como un crecimiento general de 23 por ciento de actos violentos contra trabajadores del Estado. En Roubaix, otro poblado, mueren tres jóvenes policías que llevaban a un hospital a una adolescente atacada, en un choque frontal contra un vehículo en contrasentido y conducido por un joven alcoholizado y drogado; OV reporta que hay cuatro a cinco muertes diarias.

Benoit Teste, secretario general de la FSU, un sindicato de educadores, condena el hecho de que en varias ciudades la gendarmería, mediante un correo electrónico, exigió a las escuelas que enviaran el conteo de los alumnos que faltaron a clases el día más importante del Ramadán, mes sagrado del Corán, como un acto violento y violatorio de la condición constitucional de laicidad de las escuelas.

Todos los días aflora esta crisis civilizatoria, acompañada de una constante inflación, caída real de los salarios, falta de empleos decentes, mientras el gobierno sigue insistiendo en que no hay financiamiento posible; sin embargo, miles de millones de euros y material bélico sigue fluyendo para sostener la guerra de la OTAN.