Managua. La policía de Nicaragua comenzó una investigación por lavado de dinero en varias diócesis católicas, a las que acusa de manejar de forma ilegal fondos y recursos de cuentas bancarias de opositores condenados, informó ayer la autoridad.

Las pesquisas llevaron al hallazgo de centenares de miles de dólares, escondidos en bolsas ubicadas en instalaciones pertenecientes a diócesis del país, precisó la policía en un comunicado.

La prensa local detalló que las cuentas bancarias de las parroquias del país centroamericano fueron congeladas. A la arquidiócesis de Managua se le inmovilizó una de las mayores afiliaciones bancarias, señaló La Prensa de Nicaragua.

La policía fue notificada el pasado día 19 de la actividad ilícita en el manejo de fondos y recursos de operaciones bancarias relacionadas con personas condenadas por traición a la patria, precisaron los medios de comunicación.

El resultado de las indagatorias confirmó la sustracción ilegal de recursos que se había ordenado por ley congelar, así como otros ilícitos que están siendo analizados como parte de una red de blanqueo que se ha descubierto en diócesis de distintos departamentos, agregó.

Implica varios delitos

La Fiscalía General, la Superintendencia de Bancos y la Unidad de Análisis Financiero confirmaron los movimientos financieros que han ingresado irregularmente a la diócesis, por lo que se han abierto procesos sobre varios delitos.

Además, se asegura que la Superintendencia de Bancos solicitó a la Conferencia Episcopal y al jefe de la Iglesia católica nicaragüense, el cardenal Leopoldo Brenes, la presentación de los documentos que muestren los movimientos bancarios de las demarcaciones católicas.

La autoridad refirió que el delito de traición a la patria fue cometido por personajes que como políticos han violentado de manera criminal todos los ordenamientos jurídicos, financieros, sociales, del Estado y el pueblo nicaragüenses.

El cardenal Leopoldo Brenes señaló al portal despacho505.com que las cuentas de la Iglesia están en orden y que estaban analizando la situación tras la acción policial.

Nicaragua endureció sus leyes y controles sobre opositores tras las protestas de 2018 contra el gobierno del presidente Daniel Ortega, en el poder desde 2007 y relecto sucesivamente en comicios cuestionados por la oposición.

Además, Ortega mantiene una confrontación con la Iglesia católica, a la que acusa de haber apoyado las protestas de 2018. En febrero pasado condenó a 26 años de prisión al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, quien desde entonces se encuentra preso en la cárcel Modelo.