El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) dio a conocer a través del Diario Oficial de la Federación que comenzó el proceso para analizar si ratifica o no a ocho jueces en funciones y una magistrada. Entre los aspirantes a ser confirmados se encuentran impartidores de justicia que fueron objeto de atentados, que liberaron a integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y que otorgaron amparos contra la reforma eléctrica.

Para que cualquier ciudadano pueda hacer llegar al CJF sus opiniones respecto de la actuación de los nueve funcionarios del Poder Judicial de la Federación se dio un plazo de 30 días.

Los candidatos a ser ratificados para los cargos de juez de distrito son Gabriel Domínguez Barrios, Rodrigo de la Peza López Figueroa, Óscar Antonio Madero González, Tomás José Acosta Canto, Fausto Rolando González Urzaiz, César René Ávila Saldaña, Juan José Chávez Montes y José Alfredo Pérez Sánchez. En tanto que Matilde del Carmen González Barbosa aspira a continuar como magistrada de circuito.

Como juez de distrito, Rodrigo de la Peza López Figueroa ha sido titular del juzgado primero de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, y durante su gestión ha otorgado diversas suspensiones provisionales en contra de la reforma energética, entre ellas a Eoliatec del Pacífico y Parque Solar Orejana.

Gabriel Domínguez Barrios, titular del juzgado noveno de distrito con sede en el estado de Morelos, ha sido objeto de dos atentados. El último ocurrió en enero de 2022 en el municipio de Jiutepec, donde fue agredido con disparos de arma de fuego.

A Óscar Antonio González Madero, quien se desempeñó como juez primero de distrito en materia penal con sede en la Ciudad de México en febrero de 2019, correspondió ordenar la colocación de un brazalete electrónico al panista Guillermo Padrés Elías (ex gobernador de Sonora), para que así enfrentara en libertad sus procesos penales por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Tomás José Acosta Canto se desempeñaba en diciembre de 2020 en funciones de juez de distrito en Chihuahua, y fue señalado de no haber cumplido una sentencia de amparo que otorgaba la medida cautelar de libertad a tres agricultores detenidos en septiembre de ese año por la Guardia Nacional en el municipio de Delicias, después de haber participado en protestas que se llevaron a cabo en la presa La Boquilla.

Fausto Rolando González Urzaiz se encuentra adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Tijuana, Baja California, desde octubre de 2017. Entre los casos que le ha correspondido intervenir se encuentra la liberación, en septiembre de 2022, de un estadunidense que transportaba ilegalmente 46 mil 950 dólares. El extranjero fue detenido por personal de aduanas y efectivos del Ejército Mexicano al cruzar por la aduana. El juez argumentó haber concedido la libertad porque consideró improcedente la revisión en la que se localizó el dinero que llevaba en su vehículo sin declarar.

En Tijuana, Baja California, en octubre de 2020, César René Ávila Saldaña liberó a dos integrantes del CJNG identificados como Cabo 85 y Cabo 89, que operaban en esa ciudad fronteriza, a pesar de haber calificado de legal la detención en posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y ser considerados dentro los principales generadores de violencia. En septiembre de 2021 el Cabo 89 fue detenido nuevamente por autoridades estatales en posesión de un arma de fuego, cartuchos y metanfetamina.

Juan José Chávez Montes actualmente se desempeña como juez federal en Ciudad Juárez, Chihuahua, y ha sido el encargado de las audiencias relacionadas con el incendio ocurrido el pasado 27 de marzo en la estación del Instituto Nacional de Migración, en el cual 40 indocumentados perdieron la vida y 27 resultaron lesionados.

Respecto de Matilde del Carmen González Barbosa, en abril de 2019, cuando se desempeñaba como jueza décima de distrito, otorgó un amparo a Laura Velia Mendoza Luján, quien hasta 2018 era juez estatal en materia penal y supuestamente no aprobó los exámenes aplicados por el Consejo de la Judicatura Estatal. Como juez federal consideró que el proceso de selección y evaluación no fue adecuado en el caso de Mendoza Luján. Por ello le otorgó un amparo en el que ordenó su restitución inmediata.