Madrid. A sólo tres días de las elecciones municipales y autonómicas en España, 13 personas fueron detenidas ayer por presunto fraude electoral, en esta ocasión en la provincia de Murcia, con lo que ya suman 31 los arrestados relacionados con estos delitos, entre los que figuran importantes líderes regionales del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), después de una serie de indagatorias en Almería, Melilla y Barcelona.

Entre los detenidos en esta nueva operación están Isabel Peñalver Neuhauser, candidata del PSOE a la alcaldía de Albudeite, y Héctor Antonio Martínez, número 19 en la candidatura del socialista José Vélez para el Parlamento autonómico y miembro de la ejecutiva regional del partido como secretario de formación.

Los 13 detenidos fueron liberados con cargos por la presunta compra de votos por correo después de que un juez les tomó una primera declaración.

Ante las detenciones, el PSOE advirtió en un comunicado: No nos tiembla el pulso ante cualquier práctica ilegal o fuera de ética. De confirmarse los hechos, se tomarán las medidas pertinentes que, en el caso de afectar a un militante de nuestra organización, pasarán por la expulsión inmediata del partido y el cese de todos los cargos que ocupe.

Las investigaciones abiertas por la Guardia Civil en Melilla, Almería y Murcia confirmarían el intento de fraude electoral a través de métodos parecidos.

En el caso de la ciudad autónoma, donde los presuntos responsables pertenecen al partido Coalición por Melilla, se convencía a ciudadanos de zonas marginales, muchos de ellos dedicados al narcomenudeo, para comprarles el voto por entre 100 y 150 euros. Se garantizaba que sufragaran por el partido que ellos querían después de solicitar a las autoridades electorales el voto por correo, que una vez entregado al ciudadano simplemente se deposita en un buzón de correos.

En el caso de Murcia y Almería, el método es similar pero no idéntico, ya que los responsables políticos, la mayoría socialistas, buscaban a migrantes latinoamericanos que trabajan en los campos de cultivo, muchos de ellos viviendo en condiciones de pobreza, para comprarles el voto por entre 200 y 250 euros. Además, les prometían 50 euros más por cada persona que les llevaran para hacer la misma operación, también a través del voto por correo.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias informó que abrió una investigación en la isla de La Gomera por otro presunto caso de fraude electoral, del que aún se desconocen las personas y el partido involucrado.