Aunque aún no se publica el decreto de la reforma a la Ley General de Salud que determina la extinción del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y la transferencia de sus recursos e infraestructura a IMSS-Bienestar, organizaciones civiles señalaron la necesidad de que las autoridades comuniquen sobre cómo se efectuará la transición, cuál es la ruta que deben seguir los pacientes para mantener la continuidad de sus tratamientos y, sobre todo, cómo y cuándo se garantizará la protección integral de la salud.

En un foro convocado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación, David Meléndez, secretario técnico del Comité Promotor por una Maternidad Segura en México, destacó que a pesar de la falta de información sobre los cambios en el sistema nacional de salud, lo positivo es que el tema ha estado en el centro del debate, como no había ocurrido.

Entre los asuntos que deben transparentarse está el mecanismo de redistribución de los recursos económicos que las entidades federativas cederán a IMSS-Bienestar, y cómo se hará el seguimiento del ejercicio del dinero. Señaló que un problema añejo ha sido la tardanza en la disponibilidad financiera en los servicios de salud.

También planteó la falta de claridad sobre qué instancias tendrán la responsabilidad de la contratación del personal de salud y de la aplicación de los programas de salud pública, entre otros, la vigilancia epidemiológica, investigación, for­mación de recursos humanos y promoción de la salud.

Diálogo

Llamó la atención sobre la oportunidad que todavía existe para que las autoridades abran espacios de diálogo con la sociedad civil y la academia, a fin de dar claridad al proceso para la puesta en marcha del nuevo esquema sanitario para personas sin seguridad social.

Alejandra Zamora, coordinadora de Pacientes de Grupo Fabry, recordó que cuando entró en ­operación el Insabi, la transición fue difícil para los pacientes porque no sabían adónde acudir y el personal de salud tampoco tenía la información sobre el mecanismo para la cobertura de enfermedades, principalmente las de alto costo que se pagaban con los recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular.

Señaló que esa carencia de información a la que luego se sumó el desabasto de fármacos, repercutió en la salud y calidad de vida de los pacientes.