El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) votará en horas un proyecto que ordena al presidente Andrés Manuel López Obrador abstenerse de hacer expresiones electorales, porque puede afectar la equidad de los comicios.

El motivo de presunta infracción del mandatario es su llamado a votar para que la fuerza política que representa alcance mayoría calificada en el Congreso federal que se elegirá en 2024, y así pueda aprobar reformas constitucionales, escenario al que el Presidente llamó plan C.

El proyecto elaborado por la magistrada Janine Otálora señala: se propone vincular al Presidente de la República que se abstenga de realizar declaraciones de índole electoral, en especial llamamientos al voto de partidos políticos y/o movimientos, así como utilizar los espacios de comunicación oficial y aprovechar las funciones inherentes a su cargo con fines político-electorales.

La propuesta tiene el objetivo de revertir la determinación de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, que no ordenó el retiro de fragmentos de las mañaneras del 9 y 11 de mayo, cuando el mandatario habló del citado plan C. Dos de los tres consejeros de la comisión dijeron que López Obrador no afectó el proceso electoral en curso en el estado de México y Coahuila.

Denuncias de dos partidos

Un análisis preliminar de la ponencia advierte que el mandatario llama a no votar y votar por opciones políticas, por lo que sí se justifica el dictado de medidas cautelares para garantizar los principios de imparcialidad y neutralidad como ejes rectores de los procesos comiciales.

El origen del proyecto es la denuncia de PAN y MC, y de un ciudadano para controvertir el fallo del INE. Los quejosos consideran que López Obrador pidió sufragar en la próxima elección no sólo por el candidato presidencial de su movimiento, sino también por los legisladores, para que esa fuerza cuente con mayoría calificada en las cámaras.

Otálora avaló esta percepción y someterá su proyecto a consideración de sus colegas, posiblemente en sesión privada.

La ponencia destaca que existe un especial deber de cuidado del titular del Poder Ejecutivo respecto a las expresiones que emite con motivo de sus funciones.