os institutos electorales en los procesos deben organizar bien los comicios. Facilitar la plena participación ciudadana en la emisión del voto. Garantizar que el voto sea respetado, certificar procesos libres, transparentes y equitativos. Todo, sujeto a las normas establecidas, que lamentablemente se han venido complejizando debido a la falta de lealtad política de los partidos.
El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), desde su fundación en 1996, está marcado por la subordinación al aparato de poder mexiquense. Para nadie es un secreto, la sumisión política es estructural, al servicio de los intereses del gobernador en turno.
El actual Consejo General del IEEM está formado por cinco consejeras y un consejero plegados al partido en el poder. El PRI no sólo tiene mayoría, sino es dueño del instituto. Los consejeros son férreamente controlados, convirtiéndose en operadores políticos que coadyuvan bajo la guía de la secretaría de gobierno a través del secretario ejecutivo, Javier López Corral, o de la representación política en el instituto.
El IEEM es la puerta de entrada formal al poder. Muchas veces su servilismo a la nomenclatura ha sido escandaloso. Ha sido grotesco, favoreciendo al partido en poder, cobijándose en argucias legales del complejo andamiaje de las leyes electorales.
El fraude en una acción ilícita y también un acto moralmente inaceptable. El propósito es modificar la voluntad del resultado electoral. Los fraudes siguen azotando las elecciones, pero son escondidos y truqueados por los operadores políticos y sus estructuras partidarias. Todo fraude éticamente es inaceptable pero legalmente posible. Si bien todo fraude es ilegal, hay iniciativas que legalmente favorecen a una facción de la contienda. Aquí han entrado a jugar, el IEEM y el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM). Dichos órganos poseen una proclividad a la concepción legalista del fraude. Son acciones, interpretaciones e iniciativas que están cobijadas por el legalismo, pero que son inequitativas. En suma, hay legalidad en el actuar de las autoridades, pero no legitimidad. Son fraudes legales, pero no morales.
En 2017, el IEEM glorió de irregularidades. Se hizo de la vista gorda, con la incidencia indebida de los programas sociales con objetivos proselitistas e injerencia de más de 100 peñistas, funcionarios públicos federales de alto nivel en el proceso. Toleró la violencia y el terrorismo electoral; se recordarán las cabezas de cerdo en casas de campaña y casillas. No movió un dedo para frenar levantones, amenazas y amedrentamientos a ciudadanos y militantes. Su comportamiento fue errático y parcial la noche de la jornada electoral del 4 de junio de 2017, al cucharear el PREP y lanzar un conteo rápido incompleto y apresurado.
El IEEM sigue cumpliendo el papel de la vieja Comisión Estatal Electoral que estuvo hasta 1996 en manos formales del gobernador. Por más reformas, restauraciones y rejuvenecimientos jurídicos no ha conseguido convertirse en un instituto realmente autónomo, garante de la democracia. Sigue siendo la Comisión Electoral disfrazada y maquillada, a merced del gobierno mexiquense desde los años 60. Dicha aseveración incluye el soborno a representantes de partidos de oposición ante el Consejo General, que son corrompidos para asegurar la hegemonía.
Es claro que el gobierno local consiente al IEEM, y lo coloca como uno de los institutos más caros de América Latina. Cada consejero gana cerca de 300 mil pesos al mes. Hay una verdadera opacidad fraudulenta. En dólares, el presupuesto otorgado al IEEM es de unos 150 millones y sorprende la comparación. El IEEM tiene más presupuesto que la mayor parte de los institutos electorales de la mayoría de los países de América Latina. Arriba de países como Chile, Bolivia, Ecuador, Uruguay y de todos los países centroamericanos.
El control real del instituto no emana de las actuales consejeras electorales, recae en el secretario ejecutivo, Javier López Corral, hijo del Grupo Atlacomulco. Su padre fue diputado local por ese municipio. Fue compañero de Peña Nieto en la escuela de instrucción intermedia. López Corral es el hombre de toda la confianza del gobierno mexiquense priísta. El Consejo General del IEEM, el lunes 8 de noviembre de 2021, en medio de un carnaval de elogios, revalidó su puesto por otros seis años. Ahí se inició la elección 2023. De cumplir su nuevo mandato, sumaría 19 años como secretario ejecutivo; un Edmundo Jacobo mexiquense, y 25 como servidor de alto nivel en uno de los institutos electorales más cuestionados del país. López Corral organizó los comicios para gobernador en 2011 donde ganó Eruviel Ávila Villegas; proceso muy desigual. Y la elección tan irregular en la que por muy poco gana Alfredo del Mazo Maza, en 2017. Además, López Corral ha organizado las elecciones de diputados y ayuntamientos en 2009, 2012, 2015, 2018 y 2021. Ahora conduce el proceso de 2023.
Resulta increíble que siendo el primer consejo con mayoría de mujeres tenga una serie de señalamientos y serios cuestionamientos de pasividad ante cuestiones de género. Fue señalado por el INE al no fomentar acciones afirmativas en favor de mujeres, indígenas y discapacitados. Los tribunales electorales le corrigen la plana al IEEM en la asignación de diputaciones de representación proporcional para la legislatura 61, por no haber procurado la equidad de género.
Pero hay mucho qué decir de la mañosa selección de vocales y consejeros en las juntas distritales. El errático procedimiento en los debates y esa terrorífica boleta electoral. Sí, es legal, pero a todas luces inequitativa. ¡Aguas con el IEEM!
