a Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es contramayoritaria porque vive y opera contra las mayorías de la nación: los de abajo. Esa es su realidad práctica, que deriva del diseño jurídico específico del Poder Judicial (PJ) y del de la realidad de los procesos judiciales. El PJ está hecho para evitar por todos los medios el cambio. Es el poder conservador por antonomasia. Peor aún cuando, como en el presente, las mayorías decidieron un cambio para sacar del poder del gobierno a los regímenes neoliberales. El gobierno actual representa a esas mayorías y actúa en su favor; en tanto, el PJ y, a la vista, la SC, operan contra este gobierno y, de ese modo, contra las mayorías. Ha sido la constante en este sexenio en numerosos programas y decisiones de gobierno.

En entrevista con Chamuco TV, quien fuera presidente de la SCJN Arturo Zaldívar, afirmó: “Ciertamente hubo muchas décadas en donde el poder político, económico, mediático y judicial caminaban del mismo lado… no había este debate de si el Poder Judicial es independiente o no es independiente porque… realmente había una identidad política (de) hacia dónde se quería ir…; abajo, el pueblo, la gente, sí sentía esta diferencia entre los que están arriba y los que estamos (sic) abajo, y sí sentían que en el Poder Judicial no eran escuchados. No se les volteaba a ver…, esto era una realidad. Cada presidente… buscó tener éxito en los asuntos que llegaban a la Corte o al Poder Judicial…; un presidente como Felipe Calderón… amenazaba…, intimidaba…, ordenaba, que no se respetaran los derechos humanos… fabricaba culpables, [era] un sexenio donde de manera reiterada se violaban los derechos humanos…” Estos veredictos están vigentes. La SCJN ha estado a la orden del presidente en turno hasta llegar al gobierno de Peña Nieto; y ha estado a la orden de los poderes económicos y mediáticos en línea continua.

El lector puede hallar un expediente completo sobre la SCJN y el entero Poder Judicial, en el número 10 de la revista digital Sentido Común, del 15 de abril pasado, donde dos editoriales, tres artículos, cuatro ensayos y un informe ponen en claro la realidad: la SCJN es un desastre, culmen del caos de un Poder Judicial absolutamente rebasado, con toda su corrupción y su purulencia. A gritos demanda con urgencia su ­reforma.

Los juicios legales actuales sólo son asequibles a quienes poseen fortunas. Cualquier juicio cuesta mucho dinero entre costas y corrupción, que impide a la mayorías tener acceso a los mismos. No se diga en el caso del juicio estrella del PJ: el juicio de amparo. Según la ley, tiene tres fines: 1) proteger los derechos humanos; 2) ser mecanismo de control constitucional; 3) proteger las garantías de legalidad y seguridad jurídica de los artículos 14 y 16 constitucionales. ¿Juicio de amparo para pobres? Los enterados sobre la historia del uso y abuso desenfrenado de este recurso, refieren a los anales de poderosos adinerados, delincuentes y corruptos. Son los Cabeza de Vaca, o los Güero Palma. El que no tiene plata, y debe defender su derecho, tiene amplísimas probabilidades de joderse: hay más de ¡90 mil presos sin sentencia en el país!, entre otras de las gracias del PJ y, salvo algunos poderosos corruptos, todos son pobres: el PJ/SC contra los de abajo. El juicio de amparo también sirve para detener las obras públicas del gobierno de Morena. En el PJ se dirimen y se protegen los intereses de los de arriba.

Supóngase una condición donde el derecho que nos rige va a la par de su ejercicio pleno en el PJ. Aun así, ese derecho continuaría protegiendo la desigualdad social estructural capitalista. Jueces y magistrados de la SCJN protegen los intereses contrapuestos de empresarios capitalistas, por un lado, y asalariados y miembros de comunidades dominadas por las relaciones de colonialismo interno, por otro; es decir, ese derecho protege una sociedad que reproduce la existencia de los pocos de arriba y los muchos de abajo. Los vicios y deformaciones del Poder Judicial son una densa nata de injusticia sobrepuesta a la injusticia estructural. El chat de Norma Lucía Piña al senador Alejandro Armenta es apenas una pequeña perversidad idiosincrásica más en el antro judicial.

La defensa de la SCJN y del Poder Judicial procede como siempre: moviéndose en la nube de las abstracciones jurídicas donde todo es equivalente: las mayorías y las minorías (políticas) tienen los mismos derechos. En la oscuridad completa se colocan los intereses que esas mayorías o minorías defiendan. Queda claro: si se metieran a la consideración reflexiva, aparecerían en el escenario cuáles mayorías y minorías sociales están debajo de las mayorías y minorías políticas. No pueden aparecer en el escenario porque justamente así procede la razón jurídica: sobre la ficción de la igualdad ante a la ley. Pero el analista que permanece en la abstracción jurídica se coloca la venda de la señora justicia sobre los ojos, y queda impedido de ver la verdad del mundo real.