nte las quejas del embajador de la Unión Europea, Gautier Mignot, de que México se cierra a las inversiones europeas en materia de energía (ver Arturo Cano, La Jornada, 23/5/9) es necesario cuestionar su hipócrita aseveración de que el interés europeo es que México cumpla los compromisos ambientales internacionales, asumidos en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas contra el Cambio Climático.

El verdadero interés, como desde la Colonia, no es otro que abrir paso a empresas depredadoras europeas, hacerse de recursos naturales e instalarse en territorios, muchas veces, de pueblos indígenas. Como han manifestado representantes del Congreso Nacional Indígena durante la Caravana el Sur Resiste, quienes luchan contra megaproyectos que dan bienvenida a capitales transnacionales, se nos tiene declarada la guerra de exterminio a las comunidades originarias.

A pesar de la opacidad y la falta de un escrutinio público, la UE anuncia que el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM) modernizado está cerca de ser ratificado. Según el embajador Mignot (el acuerdo) necesita una modernización y seguimos muy comprometidos en la finalización. Esperamos tener pronto la confirmación de que podemos seguir adelante para concretar una fecha para la firma y proceder a su ratificación por parte del Senado mexicano, el Parlamento europeo y los estados miembros (https://bit.ly/3IgaF5G).

El vocablo modernización es un eufemismo ya desentreñado por organizaciones mexicanas y europeas. Como explique en un artículo, hay un llamado a no ratificar el TLCUEM ( La Jornada 22/7/4), firmado por alrededor de 150 organizaciones sociales y civiles (https://bit.ly/43egit2). En síntesis, se advierte que la modernización consiste, entre otros peligros, en incluir un nuevo capítulo de inversiones que instaurará el arbitraje supranacional como mecanismo de resolución de demandas de empresas extranjeras contra gobiernos; otorgará a compañías europeas permiso para seguir violando derechos humanos en México, como el derecho al agua; se advierte de su participación en megaproyectos como parques eólicos, el Corredor Interoceánico en el istmo de Tehuantepec o el Tren Maya; atentará, como todo TLC, contra la agricultura campesina y la soberanía alimentaria; beneficiará sólo al sistema agroindustrial en detrimento al derecho a la alimentación y la salud, agudizando la crisis climática. Además, se pondrán en peligro los servicios públicos, ya que el TLCUEM modernizado abriría la contratación pública a las firmas europeas, a todos los niveles de gobierno.

El informe reciente del Transnational Institute de Amsterdam, Servicios públicos en la mira documenta cómo los acuerdos de libre comercio y tratados bilaterales de inversiones ponen en peligro los sistemas de servicios públicos en América Latina y el Caribe. El análisis se extrae de un mapeo de las demandas de inversionistas extranjeros contra gobiernos, bajo el mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado o ISDS, por sus siglas en inglés (https://bit.ly/3Whnjao). De 327 demandas conocidas hasta 2021 en contra de países de nuestra región, 102 están relacionadas con los servicios públicos. Los países más llevados a tribunales sobre el tema son Argentina (38 demandas), Bolivia y México (12 cada uno). El 72 por ciento de los recursos legales ya resueltos en estos casos, la mayoría en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias del Banco Mundial, terminaron en fallos a favor de las empresas, obligando el pago de al menos 3 mil 901 millones de dólares.

No es de extrañar, en este andamiaje de corte neocolonial, que 86 por ciento de las empresas que registraron demandas en relación con el sector de servicios públicos son de Estados Unidos, Canadá o Europa (13 por ciento de Asia).

Se cita en el informe el ejemplo de cómo México tuvo que pagar en 2013 más de 40 millones de dólares a la empresa española Abengoa por la negativa del municipio de Zimapán, Hidalgo, a conceder una licencia para un depósito de residuos peligrosos que se encontraría a 2 kilómetros de una reserva natural y a menos de 500 metros de la comunidad indígena hñahñü. De hecho, es este sector, el de suministro de agua, desagües, manejo de basura y reciclaje, desde el cual más se ha demandado a México, incluyendo el primer caso en contra de nuestro país: el caso de Metalclad, por el cual el país fue penalizado en 1997, dado que los pueblos y el municipio de Guadalcázar en San Luis Potosí, se negaron a que esta empresa californiana les arrojara sus deshechos de asbestos cancerígenos a sus ríos subterráneos.

Al respecto, ayer comenzó en Colombia una misión de organizaciones de países de América Latina, regionales e internacionales para compartir experiencias de resistencia en contra de las demandas de empresas transnacionales en tribunales de arbitraje supranacionales. Declaran que son un mecanismo de chantaje para evitar que los estados protejan sus ecosistemas y comunidades. La misión tiene como punto de partida la declaración Recuperemos la soberanía de Colombia, en defensa del agua, la vida y los territorios, firmada por más de 280 organizaciones de 30 países, que llama al Estado colombiano a revisar integralmente y a retirarse de los tratados que permiten demandas internacionales de empresas trasnacionales, con el objetivo de recuperar su soberanía y proteger sus aguas y territorios amenazados por las transnacionales (https://bit.ly/45jRGkK). Esta demanda es replicable para México y cualquier otro país.

Como dice el informe arriba citado: Hoy en día, el sector de servicios es el más importante y pujante de la economía mundial. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), representa más de dos tercios del producto interno bruto mundial. La 4T y la bancada de Morena en el Senado deben evitar la ratificación del TLCUEM modernizado. Si lo ratifican estarán cediendo el resguardo de los servicios públicos a empresas europeas.

* Investigador del Institute for Policy Studies. www.ips-dc.org