Buenos Aires., Al continuar el enfrentamiento entre el gobierno del presidente Alberto Fernández y la Corte Suprema, la Jefatura de Gabinete se negó a otorgarle al máximo tribunal un pedido de ampliación de partidas presupuestarias para dar nuevos aumentos salariales en el Poder Judicial.

Al responder a una solicitud de fondos de la Corte Suprema, el jefe de ministros, Agustín Rossi, respondió que los magistrados tienen un fondo anticíclico con ahorros por 151 mil 711 millones de pesos (unos 651 mil 609 dólares) y les pidió que tengan en cuenta la crítica situación del Tesoro Nacional en el escenario mundial y el contexto macroeconómico imperante.

El gobierno y el alto tribunal están en una guerra total, en medio del juicio político a los magistrados que se agrava y la decisión de una mayoría de ellos (Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz) de subir la apuesta al punto tal de involucrarse en el proceso electoral y suspender comicios en Tucumán y San Juan.

Más aún, el ministro Rosatti cuestionó la política de emisión monetaria ante empresarios en una convención de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y sugirió un problema constitucional.

La cuestión de los voluminosos ahorros que tiene la Corte Suprema en cuentas bancarias y plazos fijos es conocida en el mundo judicial, pero se amplió cuando fue a declarar a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados el ex secretario de Administración, Héctor Daniel Marchi, expulsado del tribunal después de presentar informes que evidenciaron irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial (OSPJN).

Marchi denunció que hubo dinero de la OSPJN que se perdió (cerca de 3 mil millones de pesos, unos 12 millones, 885 mil 210 dólares) en beneficio de los bancos, porque quienes debían administrarlo no renovaron plazos fijos.

Marchi evidenció irregularidades

Pero también detalló la falta de control, balances y presupuestos que llevan a pensar que es imposible saber qué ocurrió con los aportes de los afiliados que en los últimos años padecieron la degradación de ese sistema de salud.

El fondo anticíclico fue creado en noviembre de 2008 para garantizar los recursos financieros necesarios para cubrir hechos generados por la reducción de los recursos previstos y situaciones excepcionales o no contempladas durante los ciclos económicos, según explicaba el Centro de Información Judicial (CIJ). En aquel entonces Ricardo Lorenzetti presidía la Corte y Marchi, un aliado suyo, se ocupaba del dinero.

Al año siguiente se produjo la única ocasión en la que el ex poderoso administrador dispuso el uso de parte de esos ahorros porque al Consejo de la Magistratura le faltaban fondos. El organismo nunca los devolvió.

Es una gran paradoja teniendo en cuenta que su presidente, Horacio Rosatti, también preside el consejo, gracias a un fallo que él mismo firmó (que cambió la composición reponiendo una ley derogada).

En varias ocasiones, distintos gobiernos –incluido el de Mauricio Macri– rechazaron reclamos de ampliación presupuestaria de la Corte para aumentar salarios, pero por lo general se buscaba un acuerdo para adecuar el monto reclamado.

La Corte solicitó la ampliación de las partidas presupuestarias actuales el 3 de mayo para otorgar 9 por ciento de aumento a partir del 1º de abril, otro 9 por ciento a partir del 1º de mayo y 9 por ciento más desde el primero de junio de este año, para todas las categorías del escalafón del Poder Judicial de la nación.

Todos los meses, los judiciales reciben parte del aumento. Terminaron 2022 con un incremento de 94 por ciento y entraron a 2023 con nuevos aportes a su salario que hasta ahora suman 18.5 por ciento, pero con los nuevos tres previstos rondarán 50 por ciento. El tribunal, sin embargo, dice que el dinero no le alcanza y quiere más.

Todavía una gran mayoría del Poder Judicial no paga impuestos a las ganancias (sólo empezaron a tributar quienes ingresaron desde 2017).

Hasta marzo de este año, los escalafones más bajos no ganaban menos de 270 mil pesos (unos mil 159 dólares); los jueces de primera instancia algo más de un millón de pesos (unos 4 mil 318 dólares) y los de cámara, 1.5 millones (unos 6 mil 642 dólares), igual que los secretarios de la Corte. A eso hay que sumarle los aumentos recibidos y los que recibirán.