Lima. El Congreso de Perú autorizó el arribo al país de elementos de las fuerzas armadas estadunidenses para labores de cooperación y entrenamiento a militares y policías de la nación andina.

Con una votación de 70 votos a favor, 33 en contra y cuatro abstenciones, el pleno del Congreso aprobó antier el proyecto de Resolución Legislativa 4766, que autoriza la operación de dichas tropas entre el 1° de junio al 31 de diciembre de este año.

De acuerdo con la legislación, a las fuerzas estadunidenses se les permitirá el ingreso con armas para realizar actividades de cooperación y entrenamiento con las fuerzas armadas y la policía nacionales de Perú.

Estas actividades se llevarán a cabo en regiones de Lima, Callao, Loreto, San Martín, Huánuco, Ucayali, Pasco, Junín, Huancavelica, Cusco, Ayacucho, Iquitos, Pucusana y Apurímac.

El secretario de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas, el legislador Alfredo Azurín, manifestó que la referida autorización no tiene como objetivo implementar alguna base militar extranjera en el territorio peruano y no afectará la soberanía nacional.

La resolución fue presentada desde el 20 de abril de este año por iniciativa de la propia presidenta, Dina Boluarte y del presidente del Consejo de ministros, Luis Alberto Otálora Peñaranda.

Se trata, dijo, de que militares de Estados Unidos proporcionen apoyo y asistencia en Operaciones Especiales al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional de Perú del 1º de junio al 30 de septiembre, y del 1º de octubre al 30 de diciembre de 2023.

Boluarte llegó al cargo en diciembre del año pasado luego de que el presidente electo de Perú, Pedro Castillo, fue arrestado tras emitir un decreto que disolvía el Congreso e imponía un estado de excepción en el país andino.

La asunción de Boluarte, quien hasta ese momento fungía como vicepresidenta, y la aprehensión de Castillo, provocaron una serie de protestas en todo el país, que pedían la destitución de la mandataria, la disolución del Congreso y la liberación del líder progresista.

Las manifestaciones tuvieron lugar entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. En ellas ,y según datos de la Defensoría peruana, 61 personas fallecieron. De ese total, 49 civiles murieron en enfrentamientos con las fuerzas del orden, 11 civiles perdieron la vida por acciones indirectas a las movilizaciones y un policía murió presuntamente a manos de los inconformes.

De acuerdo con un informe publicado en mayo por la Comisión Inter-americana de Derechos Humanos, durante la represión de las fuerzas del orden en las manifestaciones contra el gobierno se registraron ejecuciones extrajudiciales de civiles.