a Fiscalía General de Justicia del estado de México (FGJEM) reconoció ayer que Roxana Ruiz Santiago actuó en legítima defensa cuando mató al hombre que la violó el 8 de mayo de 2021 y, por tanto, se desistió de ejercer acción penal contra ella. Con el retiro de los cargos por parte del ministerio público queda sin sustento la sentencia de la jueza Mónica Osorio Palomino, quien el lunes 15 condenó a Roxana a seis años y dos meses de prisión; así como al pago de siete mil 748 pesos de multa, 196 mil 267 pesos por reparación integral de daño, más 89 mil 620 pesos por daño moral tras declararla culpable de homicidio con la atenuante de uso excesivo de la legítima defensa.
La historia de Roxana Ruiz compendia las amenazas a que se ven expuestas las mujeres en una sociedad que está muy lejos de erradicar la violencia machista. Mujer indígena, cuando tenía 15 años Roxana migró desde Pinotepa Nacional, Oaxaca, al municipio mexiquense de Ciudad Nezahualcóyotl, donde se ganó la vida como vendedora y padeció maltratos del padre de su hijo. También allí fue procesada penalmente sin consideración a los protocolos sobre víctimas de violencia sexual que debieron aplicarse en su caso, y pasó nueve meses en la cárcel pese a que los cargos que se le formularon no justificaban esa medida preventiva.
El calvario que ha sufrido la joven durante los pasados dos años puede leerse también como un recuento de las fallas del aparato de procuración de justicia en general, y del Poder Judicial en particular. En 2021, se le dictó prisión preventiva oficiosa de manera equivocada y, aunque su defensa demostró la imposibilidad de que se fugara, pusiera en riesgo a los testigos o a la familia de su violador, permaneció recluida porque un tribunal impugnó la resolución de un juez de control, quien ya previamente ordenó que siguiera su proceso en libertad. La aberrante sentencia de la jueza Osorio Palomino habría devuelto a Roxana a un centro penitenciario, con consecuencias devastadoras para su propia vida y la de su hijo de cuatro años.
La decisión de la fiscalía mexiquense de anular los cargos contra Ruiz Santiago se produjo gracias a la grave indignación social generada por la condena. Si bien cabe congratularse de que las autoridades hayan escuchado el clamor de justicia y revertido esta afrenta contra todas las mujeres que han sido víctimas de agresiones misóginas, resulta injustificable que este proceso se prolongara por más de 24 meses de zozobra e incertidumbre para Roxana. Más inquietante todavía es la sospecha de que en las prisiones del país hay otras mujeres en situaciones análogas a la de la joven oaxaqueña, quienes hasta ahora carecen de perspectivas de escapar de tan terribles circunstancias porque sus casos no han alcanzado resonancia mediática y política.
Lo ocurrido con Roxana Ruiz no debe caer en el olvido, sino motivar a una revisión profunda del funcionamiento de fiscalías y juzgados, así como impulsar el urgente reforzamiento de las capacitaciones en materia de perspectiva de género para los funcionarios en cuyas manos se encuentra la libertad de miles de personas.
