El ex magistrado federal José Ángel Mattar Oliva burló nuevamente a la Fiscalía General de la República (FGR) para no comparecer ante el juzgado que lo requiere desde agosto de 2020 para que se le inicie un proceso por enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad, al haberse resguardado durante más de 10 horas en instalaciones del Centro de Justicia Penal Federal en Cancún, Quintana Roo, hasta que consiguió un amparo con el que evitó ser detenido o notificado de una orden de localización y presentación girada en su contra.

El ex impartidor de justicia estuvo acompañado ilegalmente de un defensor de oficio del Poder Judicial Federal, para no ser presentado por elementos de la Policía Federal Ministerial y ser llevado al juez que lo requiere, señalaron fuentes ministeriales.

La Jornada ha documentado desde enero pasado que por amistad o relación con integrantes del PJF ni siquiera se ha realizado la audiencia de imputación, a pesar de ser la primera carpeta de investigación de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción.

El caso comenzó en mayo de 2019, a partir de una denuncia del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), y la fiscalía anticorrupción empezó la pesquisa FED/FECC/FECC-CDMX/0000001/2019 contra Mattar Oliva.

El 8 de agosto de 2020, por primera vez esa instancia, a cargo de María de la Luz Mijangos Borja, solicitó la audiencia inicial para formular imputación al ex magistrado.

La judicialización del expediente se realizó ante el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Cancún, Quintana Roo. El procedimiento se ha diferido o suspendido en seis ocasiones, tres de ellas en este año.

Mattar Oliva ha sido beneficiario de diversas suspensiones de amparo para no celebrar la audiencia; sin embargo, en la penúltima vez, aunque obtuvo el beneficio, no pagó la garantía que le impusieron y se ordenó su localización y presentación.

El jueves el ex magistrado acudió a las instalaciones del PJF en Cancún y para no ser presentado ante el juez se resguardó hasta las 23 horas, junto con un defensor de oficio.

Ello impidió que se cumpliera la orden de localización, pues permaneció en las instalaciones del PJF, y cuando salió llevaba una impresión del amparo 526/2021, con fecha de 18 de mayo de este año, que estableció suspensión provisional contra actos de afecten la libertad personal, la obligación del quejoso de comparecer ante el juez de la causa o el Ministerio Público.