a ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, reconoció ayer la autoría de los mensajes de texto intimidatorios y burlones enviados el martes 16 al presidente de la mesa directiva del Senado, Alejandro Armenta Mier. En un hecho inédito, la titular del Poder Judicial consiguió el número telefónico del legislador y le escribió para increparlo por sus críticas a la errática actuación de los juzgadores en temas de trascendencia nacional. Lejos de disculparse por la agresión contra el líder senatorial, Piña prosiguió con su tono de mofa afirmando confiar en que su modo frontal y directo de hablar se distinga claramente de una amenaza.

Los insólitos mensajes enviados por la togada al legislador son muestra de degradación del espíritu republicano e institucional en el pináculo del Poder Judicial, fenómeno que se propaga de arriba hacia abajo por los estratos de esta rama del Estado y que se refleja en el sistemático ataque al principio de separación de poderes puesto en marcha desde que Piña Hernández se puso al frente del máximo tribunal el 2 de enero de este año. Asimismo, menoscaba la investidura de la ministra presidenta al rebajar los estándares de conducta que deben observar los altos funcionarios.

La descalificación personal, formulada por una vía indebida y en un tono a todas luces inapropiado, deja traslucir el desprecio de la presidencia del Poder Judicial hacia el Legislativo y se corresponde plenamente con el empeño de la mayoría de los togados en invadir las facultades de los representantes populares y en torpedear su trabajo como hacedores de las leyes. Por si fuera poco, el desfiguro exhibe a Piña Hernández como una funcionaria carente de imparcialidad, atributo indispensable para el correcto funcionamiento del organismo que encabeza.

Pero el episodio va más allá de lo personal, en la medida en que los textos enviados a Armenta socavan la credibilidad y la respetabilidad del máximo tribunal. Aunados a la negativa de la SCJN a condenarlos y a su pretensión de hacerlos pasar como un asunto entre particulares, refuerzan las razones esgrimidas por los legisladores del partido gobernante para convocar a una consulta popular que impulse una nueva manera de integrar la Suprema Corte, en la cual los pactos cupulares sean remplazados por la voluntad del pueblo expresada en las urnas.

Por lo demás, el chat iniciado por la ministra Piña constituye una infracción a la Carta Magna, cuyo artículo 61 establece la inviolabilidad de los diputados y senadores por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y prohíbe reconvenirlos por ellas. La falta amerita un análisis serio sobre la pertinencia de incoar un juicio político en apego al artículo 110 constitucional. Esto mismo podría aplicarse para los ministros de la SCJN que, junto con la presidenta, han porfiado en el sabotaje a la soberanía popular que supone cerrar las vías legales para el cumplimiento del mandato emitido de manera contundente por la ciudadanía en las elecciones de 2018.

Más allá de la Suprema Corte, este bochornoso episodio ratifica la urgencia de emprender una reforma a fondo del Poder Judicial a fin de limpiarlo de la corrupción que lo aqueja y dotarlo de decoro, funcionalidad y respeto al entramado legal que dice resguardar.