Entre acusaciones de integrar una presunta red de nepotismo, invasión de predios y abusos, se realizaron las comparecencias de los alcaldes de Iztacalco, Armando Quintero Martínez, y de Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil Figueroa, ante diputados del Congreso local.

Durante su presentación, el primero reveló que el panista Daniel Ordóñez, quien encabeza el Frente Cívico Chilango que bloqueó la entrada al Congreso capitalino la semana pasada, es viviendero y se dedica a invadir predios para la construcción de departamentos.

Dijo que uno de esos terrenos se encuentra en la colonia Granjas México, donde Ordóñez negoció el pago de 2 millones de pesos a cambio de abandonarlo, además de que es dueño de uno de los departamentos del complejo City Towers, el cual forma parte de las investigaciones por la red de corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez.

En respuesta a los panistas que hablaron sobre construcciones irregulares en Iztacalco, Quintero Martínez contestó tajante: aquí no es Benito Juárez, aquí no hay cártel inmobiliario, y recordó el cierre de la ventanilla única para los trámites de construcción.

Habrá un tren que recorrerá la Deportiva

En otro tema, adelantó que la jefatura de Gobierno llegó a un acuerdo con la empresa Ocesa para construir un área deportiva, canchas de futbol, audiorama y un tren que recorrerá las diversas puertas del complejo de la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixiuhca.

Horas antes, el alcalde de Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil, compareció ante los legisladores donde fue objeto de críticas por parte del diputado panista Diego Garrido, quien lo acusó de solapar una presunta red de nepotismo encabezada por Enrique Rodrigo Rojas Serafín, director Jurídico y de Gobierno, cuyos primos, hermanos, dos cuñados y un sobrino son parte de la nómina de esa oficina.

Al recordar que el hermano de Garrido, Mauricio, es director de Gobierno en Miguel Hidalgo, Chíguil defendió los nombramientos y aseguró que quien está en su gobierno es por resolver problemas; no obstante, reconoció que el caso se investiga en el Tribunal de Justicia Administrativa.