l invierno ha terminado. Los datos del efecto de los altos precios de los energéticos en Europa son brutales. De acuerdo con el semanario The Economist, 68 mil personas murieron durante el invierno de 2022-23, derivado de los altos precios de los energéticos, pese a haber corrido con suerte y que el invierno fuera muy moderado. Esas muertes eran totalmente evitables si se hubiera tenido un enfoque social. Esto no es sorpresa, se sabe desde hace mucho el rol y la relación directa que hay entre altos precios de la electricidad y aumento en la mortalidad, sobre todo en invierno. Escribí en diciembre de 2021 sobre el tema aquí (https://bit.ly/3MkeZCj). Los subsidios en Europa, aunque caros, lograron evitar 26 mil muertes adicionales. Sí, esos subsidios que muchísimos evangelistas de la mano invisible abogan que se terminen porque distorsionan su modelo matemático. Lo curioso es que mientras más liberalizado y más mercado había en los países, mayores muertes hubo (Reino Unido y Alemania), mientras países como Hungría y Francia que cuentan con empresas estatales mayoritarias y fuertes, tuvieron niveles mucho más bajos.

Eso pasó al tiempo que las grandes eléctricas y energéticas reportaban ganancias récord, pero contra lo que podríamos pensar que esto es claramente una falla de mercado, no lo es. Esto es el mercado funcionando exactamente como se diseñó para que funcionara, maximizando las ganancias a costa de todo lo demás. Bajo dicha lógica, el mercado energético no distingue entre los usos que se le dan a la energía. Claramente todos podemos entender que es muchísimo más valioso utilizar energía para prevenir una muerte (calefacción de hogares en pobreza) que utilizarla para echar a andar una cama de bronceado. Pero el mercado no puede verlo ni lo distingue. Si puedes pagar, adelante; de lo contrario, aunque la condena sea la muerte, no se te puede proveer esa energía.

¿Por qué lo que pasa en Europa nos es relevante en México? (Para propósito de esta columna, me enfocaré en el sector eléctrico.) Sencillo, porque el modelo que se implementó en México derivado de la reforma energética de Peña Nieto, es una copia de los modelos europeos. Básicamente es energías intermitentes + gas natural importado + un mercado marginalista y mecanismos de traslado del riesgo empresarial al consumidor final y al Estado. Como he dicho antes, la norma derivada de la reforma de 2013, no fue política energética, fue una política empresarial para la disminución del riesgo de las inversiones del sector privado en el sector energético. De manera total, se ignoró el aspecto social de la energía.

Hasta hace poco, en las esferas de la política energética de México, hablar del rol y el valor social de la energía era tabú. De hecho, para muchos opinólogos sigue siéndolo. Dicen que todo debe dejarse a la sacrosanta mano invisible del mercado y a las todopoderosas señales de precio. Incluso se han pronunciado una y otra vez por el fin de los subsidios a toda clase de energéticos, porque distorsionan las señales de precio, es decir, van contra el modelo que les enseñaron en economía 101. Lo que no tienen en cuenta es que la realidad es muchísimo más compleja que eso y en el tema energético, al ser bienes y servicios esenciales, de vida o muerte, lo es aún más. Afortunadamente, en México se han mantenido los subsidios pese a las constantes presiones para eliminarlos. ¿A qué voy con todo esto? Primero, hay que recordar una cosa: el consumo de electricidad no es un objetivo, sino una herramienta para tener acceso a una mejor calidad de vida y en algunos casos, para mantener y proteger la vida misma. Segundo, recordemos que este sector es uno que cuenta con lo que se conoce como monopolios naturales en las redes de transmisión y distribución. Es decir, lo más eficiente/barato es que exista una sola red de transmisión y distribución; de lo contrario, dichas inversiones se volverían prohibitivas. Tercero, es necesario tener siempre en mente que, debido al potencial transformador de vida y multiplicador económico que tiene la electricidad, los ciudadanos estarán dispuestos a pagar el precio que sea por ella. Únicamente se verá afectado el consumo cuando el precio sea tan alto que vuelve prohibitivas otras actividades más esenciales para la vida, como comer. Es por estas tres razones que la teoría económica tradicional no puede ser aplicada a este sector; hay que dejar esos dogmas atrás.

Con esto en mente, urge generar reformas a las leyes de Peña, que incorporen esta visión social en los energéticos. Por eso serán importantes los resultados electorales de 2024, para desmontar un articulado constitucional que defiende la ganancia o utilidades privadas a costa de la sociedad más desprotegida.

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