Chilpancingo, Gro., Decenas de pobladores fueron desplazados de la comunidad Nuevo Poblado El Caracol, municipio de Heliodoro Castillo, por la violencia criminal que prevalece en la región, dio a conocer el Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello.

Denunció que el pasado 2 de mayo, a las seis de la tarde, los lugareños se percataron de que había drones sobrevolando la localidad.

Para el día el 3 nuevamente advirtieron la presencia de esos artefactos, pero en esta ocasión fueron lanzadas seis bombas de los drones (...) lo que motivó que los ciudadanos salieran de inmediato buscando proteger a mujeres y niños.

En un comunicado, el organismo agregó que el 8 de mayo “el pueblo fue atacado nuevamente con drones, que arrojaron 11 bombas contra la población masculina que se mantuvo en la comunidad.

Alertó que desde el día 3 de mayo casi la mitad de la población se encuentra desplazada de manera forzada. El párroco y los habitantes de Tlacotepec han dado atención humanitaria a niños y mujeres desplazados de Nuevo Poblado El Caracol, resultando insuficientes los apoyos que brinda la Iglesia.

Destacó que más de la mitad de las personas que se encuentran refugiadas padecen problemas de salud, como diarrea, tos, gripe, fiebre, dolor de cuerpo, dolor de cabeza y crisis nerviosas, entre otros.

El Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello manifestó que los desplazados de El Caracol hacen un llamado a las autoridades para que se restablezca la seguridad en la demarcación y puedan retornar.

Exhortó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a brindar atención humanitaria urgente a quienes se encuentran en condición de desplazamiento forzado interno producto de la violencia provocada por grupos ilegales armados.

Refirió que en 1987 la localidad fue reubicada por la puesta en marcha de una central hidroeléctrica operada por la Comisión Federal de Electricidad, y desde entonces ha sido abandonada por las autoridades.

Recordó que durante la emergencia sanitaria por coronavirus se suspendieron las clases en las escuelas, y recientemente el centro de salud carece de personal para brindar atención a la población, ya que se niega a acudir a ofrecer el servicio por temor a ser víctimas de la violencia que se vive en la zona.

Hace casi siete meses “hombres armados, presumiblemente integrantes del grupo criminal La familia michoacana, advirtieron que no querían ver a nadie de los pueblos de las orillas del río o se atendrían a las consecuencias, impidiendo a la población salir al municipio de Apaxtla de Castrejón a hacer compras.

A las personas que han hecho caso omiso a esta amenaza las han golpeado y quitado sus pertenencias, sembrando con ello un ambiente de pánico en la comunidad, acusó.