Conforme avanzó la transmisión de covid-19 en el mundo y luego del primer caso confirmado en México, el 27 de febrero de 2020, el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación, diversos decretos y acuerdos de cumplimiento obligatorio. El primero fue el 23 de marzo, del Consejo de Salubridad General (CSG), para reconocer la epidemia como enfermedad grave de atención prioritaria.

De acuerdo con la Constitución, este organismo depende directamente del Presidente de la República y es autoridad sanitaria. Tiene como misión identificar asuntos prioritarios de salubridad general –incluidas crisis y epidemias– respecto de las cuales debe emitir decisiones de Estado.

Por eso, luego del acuerdo inicial, una semana después, el 30 de marzo, el CSG declaró la epidemia de covid-19 como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. De ahí que lo esperable, señalaron integrantes del sector salud, es que fuera el mismo consejo el que diera por terminado el periodo de emergencia en el país.

El 24 de marzo de 2020, la Secretaría de Salud (Ssa) difundió las medidas preventivas para mitigar la transmisión del coronavirus. El mismo día, el acuerdo fue sancionado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí se determinó que adultos mayores de 65 años dejaran de ir a trabajar y evitaran asistir a lugares públicos y concurridos por su alto riesgo de complicaciones graves y muerte.

El gobierno autorizó que se les concedieran permisos con goce de sueldo. Se incluyó a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, personas con discapacidad y/o enfermedades crónicas. Se suspendieron las actividades escolares y eventos masivos.

El 27 de marzo, el Ejecutivo emitió un decreto por el que se declararon acciones extraordinarias; entre otras, la utilización de todos los bienes y servicios sanitarios públicos y privados, adquirir lo que hiciera falta, incluidos equipos médicos, de diagnóstico y todo tipo de insumos, sin necesidad de licitaciones públicas ni de realizar trámite administrativo alguno.

Para el día 30, la misma fecha de la declaratoria de emergencia del CSG, la Ssa publicó otro acuerdo por el que se amplió el periodo de vigencia de las medidas preventivas, para sólo permitir las actividades esenciales en todo el territorio nacional durante un mes, y luego se amplió por otro periodo similar. Concluyeron el 30 de mayo de 2020. Fue la Jornada Nacional de Sana Distancia y el periodo del quédate en casa.

El 14 de mayo, la Ssa publicó un acuerdo con los primeros lineamientos para la reapertura de actividades, instauró el semáforo de riesgo de covid-19 con diversos indicadores que, aplicados en cada estado, permitirían decidir la apertura progresiva de actividades.

Finalmente, el 29 de mayo se publicaron los lineamientos para reabrir las actividades económicas.