La defensa de Emilio Lozoya Austin reiteró que fue el gobierno federal, por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera y Petróleos Mexicanos (Pemex), el que fijó la suma de 10 millones 736 mil 351.7 dólares que deberá cubrir el ex director de la petrolera como reparación del daño por los sobornos recibidos en los casos de Agronitrogenados y Odebrecht.

Los abogados de Lozoya Austin respondieron así al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el 28 de abril pasado dijo en su conferencia matutina que la cantidad fijada le parecía muy poco.

Miguel Ontiveros Alonso y Alejandro Rojas Pruneda, los defensores del ex director de Pemex, recordaron que la UIF y Pemex fijaron el monto con base en dictámenes oficiales.

En su declaración de hace dos semanas, López Obrador señaló que 10 millones de dólares son unos 200 millones de pesos. ¿Cuánto entregó (Lozoya) a los legisladores? Fue muchísimo más que eso, expuso, en alusión al señalamiento de que parte de los sobornos se distribuyó en el Congreso.

¿Y de dónde salió ese dinero?.. Entonces, que hagan bien las cuentas, añadió el mandatario.

Los defensores insistieron en que su representado declaró a la Fiscalía General de la República (FGR) quiénes fueron los beneficiarios finales de los sobornos, a cuánto ascendieron esos pagos, quién instruyó entregarlos y cómo se realizaron las entregas de dinero.

Camino al acuerdo final

Sobre preguntas del jefe del Ejecutivo federal respecto de la cantidad excedente que pagó Pemex al comprar Agronitrogenados, los abogados precisaron que Lozoya “nunca ha mencionado que en esa materia hubiese sobreprecio ni ha aceptado participación ilícita alguna en la compra de la planta.

No obstante, el sobreprecio que imputa la FGR ya fue garantizado y está siendo cubierto por Altos Hornos de México”, empresa que debía cubrir en tres pagos 220 millones de dólares, como parte del acuerdo alcanzado con Pemex y la fiscalía general.

El mismo día de la declaración de López Obrador, el 28 de abril, se llevó a cabo una audiencia en la que el gobierno federal modificó su postura de obtener una sentencia condenatoria para Emilio Lozoya Austin y aceptó llegar a un acuerdo reparatorio por 10.7 millones de dólares.

En esa ocasión, el gobierno también decidió otorgar un criterio de oportunidad al procesado para retirarle los cargos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho.

La defensa del ex director de Pemex preso desde noviembre de 2021 en el Reclusorio Norte, confió entonces en firmar el convenio con la FGR, UIF y Pemex en los próximos 15 días, que se vencen esta semana.

Al salir de la diligencia, Ontiveros Alonso refirió que Lozoya mantendrá la colaboración con las autoridades para que los verdaderos responsables de los hechos, encabezados por Enrique Peña Nieto, ex presidente de México, y sus colaboradores más cercanos, respondan a la justicia.