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Tras consulta, prevén tener el dictamen de la ley de aguas en agosto
 
Periódico La Jornada
Lunes 8 de mayo de 2023, p. 5

La iniciativa por la que se crea la nueva ley general de aguas, pendiente en el Congreso desde hace una década, va a ser sometida a una consulta entre dependencias gubernamentales, universidades, especialistas y colectivos de la sociedad en los próximos meses, con miras a tener listo un dictamen consensuado a finales de agosto, que puede ser discutido y aprobado a partir de septiembre, cuando el Senado reanuda trabajos.

Ese acuerdo fue tomado por las comisiones de Recursos Hidráulicos y Estudios Legislativos Segunda, que trabajarán en ese tema, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a ambas cámaras aprobar ya esa a ley, que debió estar en vigor desde 2013.

Las comisiones emitieron la convocatoria respectiva, en la que se reconoce que es un problema que se arrastra de legislaturas anteriores, toda vez que en la reforma a la Carta Magna del 8 de febrero de 2012, por la que se elevó a rango constitucional el derecho humano al agua, se estableció un plazo de 360 días al Congreso para expedir la ley reglamentaria necesaria, lo que hasta el momento no se ha hecho.

Se precisa que ante la omisión del Congreso, se presentaron diversas controversias constitucionales ante la Corte, que fueron resueltas en diciembre del año pasado por ese tribunal, en una sentencia que obliga a ambas cámaras legislativas a expedir la ley general de aguas antes de agosto de 2024, cuando termina la actual legislatura.

Urge el nuevo marco legal

Sólo quedan dos periodos de sesiones y por ello las comisiones dictaminadoras en el Senado se pusieron ya a trabajar durante este receso, a partir de una iniciativa presentada por la senadora de Morena Gloria Sánchez, el 27 de abril de 2022. En ese proyecto se insiste en la urgencia de contar con un nuevo marco legal, acorde a lo establecido en la Constitución, para frenar la privatización del líquido vital y hacer realidad el derecho de todos al agua.

Se incluyen además normas más estrictas para la protección de los recursos acuíferos del país, de los que se han apoderado empresas privadas.