or fin, en un acto que podría parecer extremo pero que habla principalmente de acabar con un sistema podrido de hacer justicia laboral en esta ciudad, la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo decidió concluir con el proceso por el que desaparece la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Se trata de la reforma laboral avalada por el Congreso de la Ciudad de México que dará paso, según se advierte en la dependencia capitalina, a la conclusión de más de 134 mil asuntos en esa materia con los que arrancó este sexenio, y que a estas fechas sólo ha finalizado un cifra apenas superior a los 9 mil, lo que habla de la ineficiencia de quienes laboran en la junta.

Total, el asunto es que el rezago no era nada más en la resolución de expedientes, sino en una forma de trabajar heredada de pasadas administraciones en la que mucho tenían que ver elementos externos, pero ligados a las presidencias de las juntas especiales, por lo que una docena de sus titulares fueron destituidos.

Los datos que se tienen al respecto hablan de la necesidad de cumplir con el reto de garantizar la justicia pronta y expedita por parte de las autoridades y del peso burocrático que significaba mantener una inercia burocrática, cuyo rezago resulta alarmante. Para dar una idea de lo que se plantea, es posible decir que hay casos sin resolver desde hace 43 años.

La lucha por poner al día a la dependencia no ha sido ni será fácil. El 3 de octubre de 2022 empezó el proceso y el 28 de abril pasado la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, facultó al secretario del Trabajo y Fomento al Empleo, José Luis Rodríguez Díaz de León, para comenzar las acciones que permitan sacudirse el letargo burocrático, por decir lo menos, que hacía casi inoperante a la dependencia.

El martes pasado, hasta donde se sabe, se notificó a cuando menos una docena de presidente de las juntas especiales que su relación laboral con la Secretaría del Trabajo local ha terminado, lo que provocó ciertas reacciones entre el personal que, según se dice, emprenderá acciones en contra de las destituciones.

No obstante, los datos hablan de otra cosa y a final de cuentas el responsable del quehacer en toda la secretaría es su titular, a quien urgía poner en orden el organismo que para muy poco servía.

Por lo pronto, ya no hay retorno. Las juntas trabajan normalmente, tanto porque –según se nos dice– los titulares faltaban a laborar bajo cualquier pretexto, esto sin contar que hay denuncias en contra de la junta por dilación en el dictado de laudos hasta por más de cuatro años, entre otras cosas, y por si fuera poco a la gente le cobraban hasta 10 pesos por hoja de expediente.

Se dice que los trabajadores despedidos amenazan con quejarse en plena calle para tratar de presionar a las autoridades a que los reinstalen, pero lo que no saben es que ese camino ya no tiene retorno.

De pasadita

El asunto del cártel inmobiliario, aunque no da sorpresas, sí ha logrado poner la justicia, o algo de ella, sobre los que ya desde hace mucho tiempo estaban involucrados en actos al parecer ilícitos, principalmente en la única demarcación donde la gente ha creído en ellos: la alcaldía Benito Juárez.

Jorge Romero fue señalado desde el gobierno pasado como uno de los responsables de que el proyecto de reconstrucción después del sismo fuera un fracaso en muchas de sus acciones y es ahí, además, donde la Fiscalía General de Justicia de la ciudad debería fincar la investigación si lo que se quiere es no dejar en la impunidad todas las supuestas tropelías cometidas por los panistas.