ue un pacto explícito de solidaridad política de un grupo de personajes partidistas que, usando lo electoral como parapeto, han decidido botar al diablo las instituciones judiciales, no solamente las de la capital del país.

Dos voces destacaron a la hora del juramento en busca de impunidad: Santiago Creel, quien fue secretario de Gobernación con el embotado Vicente Fox en Los Pinos y hoy funge como poder tras el presunto trono que ocupa Marko Cortés en la presidencia de Acción Nacional, y Alito Moreno, el ex gobernador de Campeche que se mantiene en la presidencia del PRI a pesar de la incesante difusión audiograbada de sus andanzas punibles.

Creel, tal vez impactado por una película actualmente en cartelera, invocó la mosquetera creación de Alejandro Dumas Davy de la Pailleterie al proclamar, en el marco de un proceso judicial por corrupción contra políticos del panismo capitalino: ¡Uno para todos y todos para uno! Menos literario, el líder priísta Moreno planteó a su vez: ¡Si se meten con uno, se meten con todos! Más abajo en la calificación, el coordinador de los diputados de lo que queda del PRD alcanzó a decir que no hay miedo al partido guinda aunque, en todo caso, ¡déjense venir! Los asistentes, por su parte, repitieron en algunos momentos un coro afamado en mítines obradoristas: ¡No estás solo, no estás solo!

La muy representativa insurrección retórica de la élite pripanista (el PRD es meramente simbólico) se produjo en respaldo del alcalde de Benito Juárez en la Ciudad de México, Santiago Taboada, que ha sido señalado en indagaciones judiciales como presunto responsable de actos de corrupción relacionados con la construcción de inmuebles habitacionales. Por el mismo tema ha sido apresado otro político panista, Christian von Roehrich, quien fue jefe delegacional en Benito Juárez de 2015 a 2018 y fue deportado el 20 del mes pasado, cuando, con un disfraz empobrecido, pretendía ingresar a Estados Unidos.

La causa penal que a opositores está causando tanta molestia, a la par que fervor discursivo, es la referente a la confabulación de políticos con empresarios, a la que se ha denominado cártel inmobiliario. Es decir, la facilitación y autorización de trámites lesivos para el interés popular o la indolente permisividad ante diversas violaciones a leyes y reglamentos en la construcción de edificios habitacionales o comerciales a cambio de dinero en efectivo o bienes en especie (departamentos, locales). No resulta sorpresivo el tema, pues se ha señalado con abundancia pero sin justicia, protegidos entre sí los jefes delegacionales, ahora alcaldes, los diputados locales y federales y los mandos panistas chilangos y nacionales, en un magno enjuague supermillonario de larga duración.

El cierre de filas para tratar de eludir el proceso judicial resulta insostenible en un ámbito, el panista, que históricamente se ha declarado respetuoso de las leyes y sus procesos, pero ahora pretende eludirlos bajo argumentación electorera. En realidad, el partido blanquiazul colecciona figuras con procesos judiciales pendientes y trata de hacer política con ellas: Ricardo Anaya, ex candidato presidencial que arenga al país desde algún lugar desconocido del extranjero; Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas que ha librado algunos encausamientos, pero teme que le inicien otros, y los dos miembros (a cuenta de más) del grupo que ha controlado las elecciones en Benito Juárez.

Astillas

Por su parte, México continuará aceptando de regreso a migrantes bajo motivos humanitarios, señaló el gobierno de México, en unas discretas líneas de un amplio comunicado oficial, luego de que el Presidente de la República acordó con la asesora de seguridad del presidente de Estados Unidos mantener el esquema de contención del flujo migratorio hacia el vecino país y seguir como estancia provisional de solicitantes de ingreso que Estados Unidos devuelva. ¡Hasta mañana!

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