Para frenar la ola migratoria que busca llegar a su territorio, el gobierno de Estados Unidos aplicará la ley de manera consistente y quienes la violen enfrentarán las consecuencias, afirmó ayer el embajador estadunidense Ken Salazar.

Un día después de que su gobierno anunció nuevas medidas para gestionar y controlar el creciente flujo de personas que llega a la frontera sur estadunidense, el diplomático señaló que México ha sido un socio crucial para hallar soluciones a lo que llamó una crisis migratoria sin precedente.

En una declaración difundida por la embajada de Estados Unidos en México, el político demócrata sostuvo que el presidente Joe Biden y su gobierno están comprometidos con lograr un sistema migratorio ordenado, seguro y humano. Por ello, aseguró, el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional anunciaron medidas que pondremos en marcha en nuestras fronteras y con nuestros socios.

Señaló que Estados Unidos también ofrecerá vías legales que permitan abordar la migración de manera humana, legal y ordenada. También continuaremos y fortaleceremos nuestras acciones para atender las causas fundamentales de la migración. Con ello, esperamos alejar y proteger a los migrantes del camino doloroso y de los peligros de los criminales internacionales.

El embajador destacó que entre las medidas que considera el plan de Estados Unidos para gestionar y contener la migración está trabajar con los gobiernos de la región para atender las causas de la migración y generar prosperidad en las comunidades de origen.

Invertimos en oportunidades económicas con los casi mil 200 millones de dólares que brindamos en asistencia humanitaria en toda la región el año pasado, dijo, y enfatizó que su gobierno y el de México trabajan en Honduras y El Salvador para aplicar el programa Sembrando Vida. Subrayó que quienes entren a Estados Unidos violando las leyes migratorias no serán elegibles para acceso a las vías legales de migración, serán removidos del país, tendrán prohibido entrar al país por al menos cinco años si se ordena su expulsión del país.