xisten condiciones reales para que Morena triunfe en los comicios (junio 2023) en el estado de México. La alianza Juntos Hacemos Historia postula a Delfina Gómez a la gubernatura, aguardando que ese triunfo vaya más allá de una mera alternancia electoral.

De ser así, la nueva responsabilidad de un gobierno progresista tendrá como gran finalidad democratizar las instituciones, garantizar los derechos fundamentales y erradicar la corrupción e impunidad.

No es exagerado afirmar que, hasta hoy, el Poder Ejecutivo ha sido el poder predominante en el estado de México. El control político ejercido por el mandatario en turno es casi absoluto. Por ello mismo, tampoco resulta exagerado señalar que el gobierno estatal es casi el de una sola persona. El Poder Legislativo, aun en aquellos casos en que la mayoría opositora ha superado al PRI –como en la 60 Legislatura que dispuso de una mayoría absoluta con Morena y sus aliados– se subordinó a los precisos intereses del Poder Ejecutivo. Una circunstancia semejante, igualmente compleja, ocurre en el caso del Judicial.

Es esta curiosa singularidad la que explica que en el estado de México no haya ocurrido hasta ahora un proceso real de transparencia y rendición de cuentas. Y no parece haber mejor ejemplo que el caso especial del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym) que, en este marco de opacidad estructural del aparato estatal en su conjunto, se ha desenvuelto con absoluta discrecionalidad, escandalosa fuga de recursos, desaseo financiero, condonación de multas y recargos, violaciones legales sistemáticas y sin fincar nunca jamás responsabilidades a nadie.

Así que del mandato progresista que pudiera encabezar el triunfo de la alianza Juntos Hacemos Historia no pueden menos que esperarse compromisos muy serios para el Issemym en beneficio directo de las y los mexiquenses. Esos compromisos deben garantizarles y mejorar todos los derechos que en materia de pensiones y servicios de salud les otorga el instituto.

En la población asegurada existe la gran preocupación sobre el comportamiento del grupo parlamentario de Morena que, en vez de pronunciarse abiertamente contra la privatización, no pocas veces asumió la voz del Poder Ejecutivo subrayando la urgencia de incrementar cuotas y aportaciones como punto central para rescatar al instituto.

Para transitar más allá de una mera alternancia es indispensable que ese posible gobierno progresista opte de entrada por aplicar un profundo rediseño a Issemym y esté dispuesto a no contentarse con aplicar tibios ajustes que sólo posponen atacar de raíz sus problemas estructurales.

Es cierto que la candidata Delfina Gómez ha ofrecido públicamente que habría un plan para rescatar al instituto, pero falta reforzar que ese plan buscara claramente innovar en la materia y no sólo rescatar por la vía de las manidas reformas neoliberales apoyadas en interesados estudios actuariales.

Para transitar más allá de la mera alternancia, resulta entonces indispensable que el rescate ofrecido sea extraordinariamente claro al señalar que no se permitirá la privatización de las pensiones. Es urgente brindar seguridad al electorado: a los trabajadores y sus familias, que tienen muy fresco el recuerdo de los intentos privatizador de la llamada ley del Mazo que, por su franca naturaleza antilaboral fue abrogada en diciembre 2018, y que la hoy candidata del PRI/PAN/PRD/Panal, Alejandra Morales, condenó inmediatamente en un deplorable video (diciembre-2018) cuando presidía el Comité Directivo Estatal del PRI y que ahora pretende reactivar el Seguro Popular. Un nuevo gobierno progresista está obligado a patentizar que el derecho a la seguridad social no se negocia, que el Estado está obligado a garantizarlo junto con una ruta precisa que fortalezca los servicios de salud.

El futuro del Issemym depende de que se erradique la corrupción que empapa su estructura administrativa/funcional: inversiones, subrogación de servicios, suministro de materiales, arrendamiento de muebles/inmuebles, nómina discrecional interna, otorgamiento ilegal de infinidad de servicios a instituciones privadas, como el Cuerpo de Seguridad Auxiliares del Estado de México (Cusaem), que no pagan cuotas y aportaciones al amparo del poder del Ejecutivo.

Así que ese nuevo gobierno progresista debe, obligadamente, romper con toda relación de carácter neoliberal imperante en Issemym. Dejarlo como está representa una enorme irresponsabilidad política-histórica y un fracaso mayor frente a los ciudadanos. No se puede estar contra el cáncer de la corrupción y, en la práctica, no fincar las responsabilidades del caso.

Delfina Gómez podría iniciar ese gobierno progresista designando un grupo de ciudadanos honrados conocedores de la materia, representantes populares, trabajadores en activo y jubilados para hacer de ese plan de rescate algo más que una mera alternancia electoral.

*UAM-X