a consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, reiteró ayer que reducirá su sueldo para ganar menos que el Presidente de la República, tal como establece la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Asimismo, informó que renunciará al seguro privado de gastos médicos mayores y al seguro de separación individualizada; pero tomará el automóvil oficial con chofer y usará el comedor de empleados. Taddei afirmó que su decisión no responde a ningún compromiso político, salvo con mi país y conmigo misma, sino a sus principios de servidora pública. La funcionaria que sustituyó a Lorenzo Córdova ya había anunciado la intención de ajustar su salario el día 5 de este mes, cuando declaró que le toca respetar la ley vigente por la convicción de estar apegada a las normas.

En la primera conferencia de prensa desde que encabeza el organismo, Taddei también reconoció que en el pasado sí hubo excesos en la solicitud presupuestal del organismo. Según explicó, estos excesos se deben a una práctica por la cual se pide más dinero del que realmente se necesita para que cuando se reduzca nos quede exactamente lo que requerimos. Señaló que esta manera de operar es cotidiana en el servicio público, pero la denunció como nociva para la República y se comprometió a evitarla.

Es muy pronto para evaluar la actuación de Taddei al frente de la autoridad electoral; sin embargo, estos primeros anuncios ya marcan un cambio de época respecto al vergonzoso papel de su antecesor. Debe recordarse que Córdova lideró la negativa de los altos funcionarios del organismo a acatar la Ley Federal de Remuneraciones y emprendió una campaña mediática para convencer a la ciudadanía de la necesidad de cobrar un cuarto de millón de pesos al mes, al que se añaden prestaciones injustificables dentro de la función pública de un país que enfrenta graves carencias. La presidencia de Córdova también se caracterizó por el derroche y la ostentación, así como por el rechazo a revisar los abusos en el gasto, incluso cuando así se lo sugería el órgano interno de control del propio INE.

Cabe esperar que en breve los demás consejeros sigan el ejemplo de la consejera presidenta, depongan la connivencia facciosa con el Poder Judicial que les permite burlar la ley gracias a amparos otorgados al por mayor y emprendan un ejercicio autocrítico en torno al descrédito que sufre el organismo por culpa de actitudes a todas luces contrarias a los principios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, máxima publicidad, transparencia, control y rendición de cuentas a los que se encuentra legalmente sujeto el INE.

Corregir el rumbo es tanto un mandato legal como una exigencia popular y, en este sentido, una condición para que el instituto cuente con autoridad moral para fungir de garante de la democracia.