n su alocado operativo para atender velozmente las instrucciones de los barones de la minería, al menos tres diputados de Morena rasuraron la iniciativa presidencial para reformar la ley sectorial que 31 años atrás entró en vigor (regalo de Carlos Salinas de Gortari), al tiempo que, ya minimizada, varios senadores de la oposición y algunos del partido guinda rápidamente operaron para evitar cualquier posibilidad de que los cambios, así fueran mínimos, fueran aprobados en esa instancia legislativa.

Parece que es la constante cada vez que se intenta dejar atrás la espeluznante estructura concentrada que heredó el régimen neoliberal, y para ello los barones de la minería, como los de otros sectores económicos, cuentan con un ejército de cabilderos que infesta ambas cámaras para tomar por asalto las oficinas –o el pleno– de no pocos legisladores con el fin de convencerlos de que lo mejor es dejar las cosas como están.

Por estos días reiterada ha sido la denuncia de que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y los coordinadores de las bancada en San Lázaro (siempre con la estampita de Ricardo Monreal en la mano) sólo escucharon y, por lo visto, atendieron las recomendaciones de los cabilderos enviados por los barones de la minería, entre ellas que la citada iniciativa presidencial terminara en el éter.

Y ello se registra no sólo cuando se intenta reformar una u otra ley (siempre trajes a la medida de la oligarquía), sino a la hora de resolver añejos conflictos, ya sean laborales, medioambientales o fiscales, por citar algunos. Por ejemplo, tres huelgas mineras (Taxco, Cananea y Sombrerete, vigentes desde 2007) que no han sido atendidas más allá del discurso. El presidente López Obrador instruyó, desde 2019, a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, que resolviera este entuerto, pero nada hizo. Más adelante, con la misma instrucción, entró al quite el propio secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, sólo para proceder igual a su colega en el gabinete. Y las huelgas siguen ahí, a punto de cumplir 16 años sin que autoridad alguna haga su chamba, pero con los barones felices.

Qué decir del regadero tóxico que los corporativos esparcen por prácticamente toda la geografía nacional; la ostentosa falta de seguridad para los trabajadores; la evasión fiscal institucionalizada; el mercado negro de concesiones; el uso de éstas para fines distintos a los autorizados y tantas otras gracias de los barones de la minería y de tantos otros sectores, aún cobijados, y de qué forma, por leyes verdaderamente leoninas para el país. Pero eso puede esperar, porque, dicen, no hay prisa.

En cambio, ante la mínima posibilidad de reformar la ley salinista de 1992, vía iniciativa presidencial, de inmediato, afanosos, el titular de Bucareli y los coordinadores parlamentarios operan para evitar, retrasar y encarpetar cualquier cambio, siempre con el chantaje de los barones por delante: retiraremos la inversión. ¿En serio?

Y junto con ellos, el ejército de cabilderos que una y otra vez los convence para frenar cualquier intento. Dice el titular de Bucareli que la nueva legislación minera aprobada en la Cámara de Diputados es de avanzada, porque al perder la industria su carácter preferente, ya no va a venir esa etapa de abusos, de impunidad, a la que se acostumbraron algunos empresarios voraces del sector. Ajá, pero mientras el Senado de la República no haga lo propio, el entusiasmo del tabasqueño no pasará de anécdota, porque para eso están los filtros y controles que lo han evitado, ejército de cabilderos incluido.

De acuerdo con el más reciente padrón de cabilderos, autorizado por el Senado de la República (noviembre de 2022), en esa instancia legislativa operan, cuando menos, 31 empresas consultoras sólo para la minería y 69 personas físicas dedicadas a lo mismo, siempre pagadas por los mismos. Entre ellos, asoman la cabeza ex senadores, ex diputados, ex funcionarios que infestan las comisiones o el pleno, según las necesidades de los barones, y, con su sabios consejos evitan cualquier posibilidad de que sus patrones vean alterados sus privilegios.

Sólo para dar una idea: la Comisión de Minería del Senado se integra con nueve legisladores de todos los partidos, pero 100 cabilderos siempre están a sus órdenes; en promedio, 11.11 por cada uno de ellos.

Las rebanadas del pastel

¿Toca turno para el impresentable Enrique Peña Nieto, uno de los emblemas de la corrupción en México?

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