l menos desde 2008, cuando en México la farsa de la guerra contra las drogas
de Felipe Calderón empezaba a evidenciarse como una ofensiva criminal contra la población, la oficina del gobierno estadunidense para el control de narcóticos (DEA) ya tenía indicios de los nexos entre el equipo de Genaro García Luna (GGL), entonces secretario de Seguridad Pública, y las organizaciones del narcotráfico (https://is.gd/Au1DQr).
En octubre de ese año fue detenido Jesús El Rey Zambada y los agentes de esa dependencia extranjera en México sabían perfectamente que existía una estrecha complicidad entre ese antiguo capo, después beneficiado como testigo protegido por la justicia de Estados Unidos, y Édgar Bayardo, un antiguo comandante de la Policía Federal (PF) que actuaba como enlace entre García Luna y el cártel de Sinaloa (particularmente, para recibir sobornos en maletas llenas de dólares), que resultó ser informante simultáneo de la DEA, la PF y el cártel de Sinaloa, y que en diciembre de 2009 fue asesinado a balazos en un Starbucks ubicado en la calle de Pilares, colonia Del Valle (https://is.gd/7fn2rB).
La DEA supo de esos vínculos por medio de una actividad de espionaje tan intensa como ilegal sobre los delincuentes de dentro y fuera del régimen calderonista. Es razonable suponer que los funcionarios de Estados Unidos cotejaban la información así obtenida con la que en febrero de 2009 les ofreció el propio García Luna, mucho menos confiable, en el curso de una visita a México del entonces secretario de Seguridad Interior, Michael Chertoff (https://is.gd/aj5iEA). Cuando García Luna aún se desempeñaba como titular del Seguridad, meses antes de que abandonara su cargo
, los agentes de la DEA ya contaban con material suficiente para fincar cargos formales en su contra, pero “los fiscales federales de Houston los rechazaron repetidamente por lo que estimaron como pruebas insuficientes (https://is.gd/RpooSR).
Para entonces, y desde que durante la presidencia de Vicente Fox recibió asesoría de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) para convertir la Policía Judicial Federal en la Agencia Federal de Investigación, el superpolicía
llevaba ya más de una década de ser apapachado y de recibir todos los apoyos imaginables por parte del gobierno del país vecino.
El involucramiento de García Luna con el cártel de Sinaloa era, en suma, conocido por Felipe Calderón y por el gobierno de Estados Unidos ((https://is.gd/WkWpvN), pero el ex secretario de Seguridad Pública no era el único que trabajaba para dos bandos: entre 2009 y 2011 la propia DEA lavaba dinero, contrabandeaba efectivo y recibía de ambas actividades importantes recursos extrapresupuestales (https://is.gd/VsLPC6), un dato que debió ser del conocimiento de la presidencia de Barack Obama, si es que sus asesores leían The New York Times.
A lo que puede verse, una década más tarde las cosas no han cambiado mucho en el lado estadunidense: hace poco más de un año la DEA despidió al que era su director en México, Nicholas Palmeri, tras descubrir que éste llevaba una estrecha amistad con varios abogados defensores de narcotraficantes (https://is.gd/a4ms79).
Y ahora, la directora misma de esa dependencia, Anne Milgram, está metida en un problemón, porque le descubrieron contratos otorgados discrecionalmente a cuates suyos a precios muy por encima del mercado para tareas de planeación y comunicación estratégica
(https://is.gd/n0MVFy) y ayer algunos legisladores republicanos se la estaban comiendo viva en una comparecencia ante la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes. Lo más odioso de algunos odiosos congresistas republicanos es que tengan razón, y éste parece ser el caso.
El que la DEA esté tan afectada de corrupción como parecen indicarlo los hechos aquí citados podría explicar en buena medida por qué esa agencia es tan metiche y abusiva en el extranjero como ineficaz para controlar el tráfico de drogas ilícitas en su propio país: sí, mucha presión contra México por la llegada de toneladas de fentanilo a Estados Unidos, pero la sustancia sigue llegando sin ningún problema a los millones de adictos de la superpotencia vecina.
Para México la cooperación respetuosa con las distintas instancias gubernamentales de Washington resulta imperativa y necesaria; pero ello no significa que deba tolerar las actividades de una dependencia tan tocada de ilegalidad como la que tiene la misión oficial de combatir el tráfico de drogas, pero que en muchas ocasiones se dedica más bien a lo contrario.
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