Chihuahua, Chih., Ejidatarios de Témoris, localidad del municipio serrano de Guazapares, cerraron una válvula del gasoducto Encino-Topolobampo, propiedad de la trasnacional TC Energy (antes llamada TransCanada), en protesta porque esa tubería atraviesa 17 kilómetros de sus terrenos comunales.

Los inconformes recordaron que el gasoducto se construyó en 2015 sin consulta previa y con un contrato falso que violó las leyes agrarias, ambientales y civiles, por lo que ganaron un litigio en el tribunal agrario con sede en la capital de Chihuahua.

Cada ejidatario exige 300 mil dólares de indemnización por el derecho de vía del gasoducto, después de que en el juicio 1064/2017, con sentencia firme desde 2018, se obligó a que TC Energy repusiera el proceso de consulta con la comunidad, informó Martín Millanes, abogado de los labriegos.

Explicó que TC Energy ofreció al ejido 20 millones de pesos, pero los agricultores piden en conjunto 60 millones de dólares, que a su ver representan 2.5 por ciento de las ganancias que la empresa ha recibido por transporte de gas.

Ante la nula respuesta de la firma, los ejidatarios de Témoris cerraron la válvula, señaló Millanes.

El gasoducto Encino-Topolobampo ha transportado en ocho años más de 600 millones de pies cúbicos de gas, pero no ha suscrito contrato alguno con la comunidad de Témoris, por lo que está en la ilegalidad, y si no firma los contratos que ordenó la sentencia, entonces que proceda a quitar la tubería y a reparar los daños que causó.

El litigante subrayó que TC Energy se ha llevado un gran beneficio. Ahorita que al menos haga un resarcimiento. Un pago de 20 millones de pesos es nada comparado con lo que han ganado, y el gobierno del estado está presionando con el uso de la fuerza pública a la comunidad y a sus representantes, intimidándolos con amenazas de meterlos a la cárcel, pero la que está en la ilegalidad es la empresa extranjera.

Expuso que en 2018, durante la administración estatal que encabezó el gobernador panista Javier Corral Jurado, policías estatales reprimieron a decenas de ejidatarios rarámuris, que tomaron una válvula del gasoducto Encino-Topolobampo en el municipio de Bocoyna, que también afectaba sus terrenos.

Según Millanes, al menos 13 indígenas fueron golpeados y lesionados por los policías; posteriormente instalaron un plantón en la ciudad de Chihuahua, frente al palacio de gobierno, sin obtener respaldo de las autoridades.

SG anuncia negociación

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, informó ayer que las instalaciones del gasoducto Encino-Topolobampo no pertenecen a la Comisión Federal de Electricidad. “Son de un ducto que lleva gas desde la frontera norte hasta Topolobampo, Mazatlán y Hermosillo. (Los inconformes) han tomado y cerrado la válvula, lo que pone en riesgo la seguridad, la vida, no nada más de los que tienen tomadas las instalaciones, sino del entorno”.

El funcionario anunció que funcionarios federales visitarán la entidad para revisar los planteamientos de los ejidatarios, a quienes les diría de una vez dos cosas: que pudiese, para que salga del entorno de Chihuahua, venir una comisión de los representantes de la comunidad y los representantes de la empresa; estará también una representación de la Comisión Federal de Electricidad. Vamos a tratar de que haya un arreglo lo más pronto posible.