a información más reciente confirma que la inflación está cediendo. En México, el dato anual del 15 de abril es 6.24 por ciento y la inflación subyacente aumentó 7.75, reduciéndose 0.28 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Esto último es importante porque esta inflación subyacente registra los movimientos de precios en productos esenciales. En Estados Unidos, la inflación cayó de 6.04 en febrero a 4.98 en marzo. Estas reducciones en el ritmo de incremento de precios están generalizándose a nivel global. Con esta información, el Banco de México (BdeM) y la Reserva Federal (Fed) decidirán en sus próximas reuniones si disminuyen el ritmo de los incrementos a las tasas de referencia o si detienen el ciclo alcista.
El debate en concreto en ambos países es aumentar 0.25 puntos porcentuales o mantener las tasas en el nivel actual. La decisión tendrá que tomarse en función de las estimaciones de los miembros de las respectivas juntas de gobierno sobre el momento inflacionario, es decir, a su consideración sobre si la inflación muestra ya una tendencia que se acerca a la meta establecida. Pero los estadunidenses considerarán además la situación en su mercado de trabajo. En consecuencia, su posición monetaria incorporará las posibles consecuencias de su decisión en la contratación de nuevos trabajadores en los puestos de empleo que se estén creando.
Importa reconocer que lo que haga el BdeM afecta las decisiones de financiamiento de empresas, familias y también del gobierno federal, ya que aumenta el pago de intereses de la deuda pública. El gobierno mexicano ha privilegiado el endeudamiento en moneda nacional respecto al endeudamiento externo. A la fecha, la deuda pública total es 80.6 por ciento en moneda nacional y 19.4 en moneda extranjera. Evidentemente esta política tiene el propósito de reducir el riesgo de choques externos, lo que es correcto. Sin embargo, esta política incrementa el costo del endeudamiento público ya que la tasa de referencia mexicana de 11.25 por ciento es claramente superior a la que se fija en Estados Unidos que es de 5 por ciento y que funciona como referencia de muchos contratos crediticios internacionales.
Dada la estructura de los pasivos públicos de México, las decisiones de nuestros banqueros centrales afectan inmediatamente las previsiones presupuestales para el pago de intereses de la deuda pública. Si, por ejemplo, la junta de gobierno del BdeM decidiera incrementar la tasa de referencia a 11.5 por ciento anual, la colocación de Cetes la semana siguiente y las sucesivas incorporarían este aumento, lo que obligaría a destinar un monto mayor de recursos presupuestales siguiendo los aumentos de las tasas de interés. Por supuesto, lo mismo puede señalarse respecto a las decisiones de la Fed, pero los impactos presupuestales no serían equivalentes, ya que pesaría mucho más el encarecimiento de la deuda pública en pesos que en divisas.
El ciclo alcista decidido por casi todos los bancos centrales ha sido de magnitudes diferentes. El Banco de México incrementó las tasas 7.25 puntos porcentuales, llevándolas a 11.25 desde 4 por ciento. Repetimos: esto encarece el costo al que se financian empresas y familias, pero también el costo que paga el gobierno federal por la colocación de deuda en moneda nacional. Las tasas hoy son casi el triple de lo que fueron hace poco más de un año. Los pagos por la deuda pública del gobierno federal de este febrero fueron de 32 mil 283.9 millones de pesos, 81 por ciento más que en febrero de 2022.
Estas decisiones monetarias afectan las decisiones crediticias de empresas, familias y gobierno, y también modifican la distribución del ingreso. Los bancos están teniendo utilidades récord al beneficiarse de los aumentos en las tasas de interés. Estas altas utilidades se logran porque capturan los pagos adicionales de empresas y familias por los créditos vigentes, pero también los pagos adicionales del gobierno federal por el costo mayor del endeudamiento. Los tenedores de la deuda gubernamental son los intermediarios financieros, mayoritariamente los bancos comerciales.
Con frecuencia se señala que la inflación golpea en mayor medida a los que menos tienen. Se habla de un impuesto inflacionario regresivo. Pero la política antiinflacionaria decidida por el banco central, además, beneficia a un sector empresarial particularmente rentable, los intermediarios financieros. Al tiempo que perjudica a familias, que destinan mayores recursos al pago de intereses, reduciendo el gasto en los demás rubros de su consumo. Perjudica a empresas ya que aumenta su pago de intereses deteniendo nuevas inversiones. Y también afecta la capacidad del gobierno para atender los requerimientos sociales. De nuevo, parece oportuno discutir las funciones del Banco de México para incorporar la consideración del crecimiento económico y del empleo.
