En su informe anual de trabajo 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado mexicano hacer un análisis pormenorizado de las afectaciones a la independencia de la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Indicó que en caso de ser necesario, se deben adoptar medidas concretas para redirigir la indagatoria, favorecer su impulso y evitar retrocesos.

En el capítulo sobre el seguimiento a las recomendaciones que emitió en 2015 en su informe sobre la situación de derechos humanos en el país, agregó que continúa observando que el acceso y entrega oficiosa de información, documentos y archivos en posesión de autoridades de seguridad nacional sigue representando uno de los mayores desafíos para el esclarecimiento de los hechos.

Esta situación evidencia que, incluso ante un escenario favorable en el que se cuenta con el respaldo político del más alto nivel, persiste un contexto que dificulta la efectividad del derecho de acceso a la justicia y a la verdad de las familias, aseveró.

La CIDH manifestó que es alarmante la aparición y entrega tardía de una serie de documentos bajo la custodia de fuerzas militares y órganos de inteligencia del Estado, situación que evidencia la falta de uniformidad en la respuesta de agencias y agentes estatales en su cooperación con el caso.

Asimismo, expresó que es preocupante la atención diferenciada de los requerimientos de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) frente a la actividad ministerial de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (Ueilca) de la Fiscalía General de la República.

Piezas de archivo de órganos de seguridad e inteligencia habrían sido entregadas a la Covaj y el GIEI. Sin embargo, ante los requerimientos de la Fiscalía Especial de dichos documentos, éstas no habrían sido proporcionadas o su existencia habría sido negada.

Resaltó que es preocupante el desplazamiento de la Ueilca para efectos de la judicialización del ex procurador (Jesús) Murillo Karam, así como la solicitud de cancelación de 21 órdenes de aprehensión por parte de otra unidad fiscal.

La CIDH expuso que su recomendación sobre este caso está parcialmente cumplida.