el no hay prisa (Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía, dixit) por analizar y dictaminar la iniciativa de reforma a la Ley Minera que el presidente López Obrador envío (28 de marzo) a la Cámara de Diputados, a la febril aprobación de otra propuesta –armada sobre las rodillas– que nada tiene que ver con la presentada por el mandatario en San Lázaro. Del lo haremos en septiembre (dicho del mismo legislador), es decir, en el próximo periodo ordinario de sesiones, a meter alocadamente el acelerador y aprobar modificaciones para mantener intocados a los barones.

Deprimente espectáculo el protagonizado por la bancada morenista en San Lázaro, con Ignacio Mier, su coordinador, Aleida Alavez, su vicecoordinadora, y el propio Rodríguez a la cabeza, quienes, sin más, desecharon la iniciativa presidencial y, veloces y voluntariosos, armaron su propia propuesta (tras reunirse sólo con los enviados de los barones y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández) para dejar prácticamente intocados a los corporativos mineros. El presidente López Obrador dijo en su momento que su intención era dar por concluida una de las páginas más depredadoras del neoliberalismo mexicano, la etapa más oscura y ominosa en la historia de nuestro territorio, pero a sus legisladores les importó un bledo y decidieron exactamente lo contrario.

Cínicamente, Mier reconoce que sólo se reunió con los enviados de los corporativos mineros, aunque, según dijo, el objetivo es regular esta industria en armonía con el medio ambiente y el uso racional del agua. La reforma por él promovida, junto con Alavez y Rodríguez, fue aprobada con 290 votos a favor, 186 en contra y una abstención. Pasa al Senado y es de esperar que en esa instancia legislativa arreglen el cochinero de los morenistas en San Lázaro, porque no se puede permitir la tomadura de pelo, la simulación como práctica parlamentaria (es decir, lo que se vio en casi cuatro décadas de neoliberalismo).

Más allá del cochinero, llama la atención la conveniente falta de memoria en tribuna de algunos legisladores de la mal llamada oposición, toda vez que fueron sus respectivos partidos políticos los que avalaron el saqueo minero y la impunidad de los barones. Por ejemplo, el ex priísta y ahora militante naranja, Salvador Caro Cabrera, acusó a los morenistas de ser lacayos de Germán Larrea, empleados de Peñoles y de Carlos Slim, de Frisco. Hijos de Larrea, hijos de la oligarquía. Y lo dijo quien en sus tiempos tricolores no movió un dedo para modificar la Ley de Minería, erradicar las barbaridades en ella contenidas ni los excesos –uno tras otro– de los siguientes gobiernos para favorecer a esos mismo oligarcas.

También se dio el caso del diputado priísta Ildelfonso Guajardo (secretario peñanietista de Economía, es decir, encargado de las concesiones mineras), quien en tribuna reclamó que en la propuesta morenista se dejó afuera “a los pueblos originarios, a la pequeña y mediana minería, porque finalmente acordaron un proyecto que (…) tiene un defecto central que va a hacer que la minería en México termine en el suelo y pierda su potencial de crecimiento”.

Al parecer Guajardo tiene severos problemas de memoria: en agosto de 2014, la minera Buenavista del Cobre en Cananea (propiedad de Germán Larrea) derramó 40 mil metros cúbicos de desechos altamente tóxicos que fueron a parar a los ríos Sonora y Bacanuchi; contaminó aguas y suelos, provocó la muerte de ganado, arrasó con cultivos, afectaron siete municipios y a más de 24 mil sonorenses en un radio de 270 kilómetros.

El entonces titular de la Semarnat, Juan José Guerra Abud, calificó este hecho como el peor desastre ambiental de la industria minera del país, pero a pesar de ello la empresa no puede ser clausurada ni siquiera temporalmente; no puede frenarse la actividad económica. Tuvieron un descuido que causó daño ambiental, pero el país tiene que crecer.

En ese mismo tenor se pronunció Ildefonso Guajardo: el gobierno descarta la clausura definitiva de Buenavista del Cobre; lo relevante es su compromiso de compensar a los afectados y la remediación de sus efectos. La empresa contrata a 2 mil trabajadores; no es relevante la multa.

Eso sí, en la sesión de ayer el propio Ildefonso Guajardo se quejó: “un colega un tanto desmemoriado, tratando de inferir que quienes tuvimos responsabilidades, no hicimos nada…” Ajá.

Las rebanadas del pastel

Sólo para despejar dudas: en el estado de México, ¿la candidata tricolor es Ana Paula Ordorica o Alejandra del Moral?

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