asada la trifulca por la frustrada reforma que pretendía acotar algunas decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), conviene repasar lo que ocurrió, porque los problemas que motivaron las diferencias entre diputados y magistrados están presentes.

El centro de la disputa está en las interpretaciones que realizan los tribunales y que contravienen o complican las decisiones que toma el Poder Legislativo. Es eso y no tanto las dirigencias partidarias y su futuro lo que alienta las posibilidades de cambios legislativos.

El proceso de reforma nunca fue ajeno a los magistrados, quienes tuvieron varias reuniones con legisladores para intercambiar puntos de vista.

Uno de los nudos del problema proviene de la falta de claridad en diversos temas y en los que la equidad es uno de los aspectos más relevantes, pero hay otros que incluso inciden en la representación política y que, a decir de los legisladores, puede distorsionar el mandato ciudadano, como sería la inclusión de Movimiento Ciudadano en la Comisión Permanente.

El tribunal electoral suele corregir o enmendar donde considera que no se está actuando conforme a los principios constitucionales. Pero los legisladores se quejan de que muchas resoluciones son dictadas a destiempo, generando conflictos.

La designación de la presidencia del Instituto Nacional Electoral es ejemplo de ello. La sala superior ordenó que la presidencia del Consejo General recayera en una mujer, cuando la convocatoria ya estaba emitida y la integración de las quintetas no preveía esa situación.

Las complicaciones podían ser diversas e incluso significar impugnaciones. El asunto se resolvió, porque en la Junta de Coordinación Política fueron receptivos con los planteamientos de los magistrados, encabezados por Reyes Rodríguez Mondragón. Imperó la política y no hubo contratiempo mayor.

Pero ya se tenía la idea de hacer cambios en la legislación, incluso por recomendaciones del propio tribunal electoral y por ello es por lo que se planteó la reforma. Los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Morena estaban dispuestos a caminar en conjunto, algo que parecía difícil debido al contexto que prima en el país y a la degradación de la discusión política que impera.

Como suele ocurrir, a la hora del escándalo, porque no se supo explicar con claridad lo que se pretendía, algunos ya no se quisieron hacer responsables de sus ideas.

El caso de la bancada blanquiazul es sintomático. Fueron ellos los que empujaron con enjundia la posibilidad de votar la iniciativa y también los que trataron de deslindarse y de achacar a Morena y al tricolor la responsabilidad. Pero esto no es así.

Es más, todo iba caminando hasta la mañana del jueves 13 de abril, cuando los panistas iniciaron una estrategia de control de daños para posicionarse como los salvadores del tribunal electoral frente al apetito de otras fuerzas políticas.

En ese momento, Jorge Romero, el líder de los panistas, comunicó a los coordinadores de las otras bancadas que, por instrucciones de su presidente, Marko Cortés, daban marcha atrás en el acuerdo.

Nada es blanco y negro. Por un lado, es correcto que se haya retirado la iniciativa, poniéndole una pausa, en la que estuvieron de acuerdo todas las fuerzas políticas, con excepción de Movimiento Ciudadano, que no le entró al tema. Es un aspecto sensible y tiene que ser acompañado por las organizaciones sociales, para que no quede duda de que lo que se busca en mejorar las normas y no maniatar a los tribunales.

Pero también se tiene que señalar con claridad que existen decisiones legislativas e incluso partidistas, que no pueden estar expuestas a cambios que contravengan la realidad de los equilibrios en esas organizaciones.

Por el otro, es una lástima que no se avanzara, porque el siguiente paso de las negociaciones resultó imposible, en aspectos que son fundamentales, como establecer 10 por ciento de presencia de las minorías y grupos vulnerables en las legislaturas, y la de llevar a la Constitución las acciones afirmativas, como propusieron Ignacio Mier y Rubén Moreira, respectivamente.

Tampoco se pudieron mejorar las herramientas para combatir al crimen organizado y alejarlo de las disputas por el poder político.

*Periodista

Twitter: @jandradej