El traslado de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) podría tomar varios meses. Los ministros de la Corte advirtieron que este cambio conlleva complicaciones operativas y normativas que obligarán a los poderes Legislativo y Ejecutivo a emitir reformas legales e implementarlas.

En la sesión de hoy, el pleno del máximo tribunal fijará los plazo y acciones a tomar para separar a esa corporación policial del control militar.

En efecto, se necesitaría determinar la asignación de recursos financieros, el control administrativo, el destino y permanencia del capital humano y, en general, cómo estructurar la GN con un mando civil, lo que, insisto, implicaría la exigencia de reglamentar un nuevo régimen de transición, advirtió Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Plazo de cinco años

Recordó que el decreto de reforma promulgado en marzo de 2019, que dio origen a la GN, contiene en sus transitorios un plazo de cinco años para que el presidente de la República pueda disponer de las fuerzas armadas para apoyar al desarrollo de la estructura, capacidades y despliegue territorial de la corporación. Esta disposición sigue vigente.

Por mandato expreso del artículo sexto transitorio, las fuerzas armadas pueden colaborar, participar en la construcción de la Guardia Nacional durante el régimen de traspaso que establece el artículo quinto transitorio. Debemos reconocer que el legislador tiene el mandato de reglamentar esa colaboración durante el periodo marcado por este último artículo, apuntó.

Ana Margarita Ríos Farjat se sumó a esta observación: me parece pertinente realizar una muy respetuosa y atenta exhortación para que el Congreso depure posibles incongruencias que puedan presentarse en la realidad, a fin de no crear desarreglos en un área tan delicada para el Estado mexicano con el traslado inmediato de nuevas atribuciones a la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana que, insisto, fueron ideadas, concebidas para la Sedena.

Así pues, se encomendó al ministro ponente, Juan Luis González Alcántara Carrancá, que elabore una propuesta de los efectos que tendrá la sentencia de la Corte.