ay agresiones que dejan huellas más profundas que otras. Es el caso de los ataques con ácido u otras sustancias corrosivas, acto cruel y de profunda violencia contra las mujeres y que en años recientes se ha agravado en el país.

Tenemos fresco en la memoria colectiva los casos de Carmen Sánchez (2014) y la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos (2019), dos casos emblemáticos que colocaron el tema en el debate público y que tuvieron implicaciones sociales y políticas.

A inicios de este año la Comisión Nacional para Prevenir la Violencia contra las Mujeres (Conavim) informó que en la última década ocurrieron 797 agresiones de este tipo y que en 2022 se registraron 47 víctimas.

Este terrible escenario motivó a que en septiembre de 2022 el Congreso de la Unión modificara la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el propósito de incluir los ataques con ácido que causen daño no accidental como un tipo de violencia física en el Código Penal Federal.

Entre materiales usados para violentar a las mujeres se consideraron, además del ácido, sustancias corrosivas, cáusticas, irritantes, tóxicas o inflamables o cualquier otro elemento que, en determinadas condiciones, pueda provocar o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas.

Estos ataques se consideraban únicamente agravantes para el delito de lesiones. Ahora, con esta reforma se les reconoce como tentativa de feminicidio –delito en sí mismo– en caso de representar un daño severo para la víctima.

Recientemente, el Congreso de Puebla realizó modificaciones para establecer penas contra la denominada violencia ácida, mismas que van de 20 a 40 años de prisión y multas de 34 mil a 69 mil pesos para quienes cometan estas agresiones.

El Congreso de la Ciudad de México discute la aprobación de la llamada ley Malena –en alusión a María Elena Ríos–, que busca imponer penas de ocho a 12 años de prisión, o hasta 30 años en caso de daño severo. Esta iniciativa contempla a mujeres y personas trans como posibles víctimas.

Estas agresiones afectan múltiples aspectos en la vida de las víctimas, desde lo individual hasta alcanzar el entorno social, laboral, afectivo e incluso todo el proyecto de vida. Es una carga física, funcional y emocional que se lleva para siempre.

De acuerdo con la Fundación Carmen Sánchez, el perfil de las víctimas recae en mujeres jóvenes de entre 18 y 25 años, pobres y racializadas, ubicadas en las periferias de centros urbanos, con estudios truncos y con hijos. Tras estos ataques, estas mujeres pierden su empleo, su situación económica se empobrece por los costos de tratamientos dermatológicos y sicológicos, además se vuelven dependientes de redes familiares o de amistades.

Por esto, el gobierno de la Cuarta Transformación ha emprendido acciones para erradicar y atender la violencia ácida. En 2021 el Senado otorgó atribuciones a la Secretaría de Salud para ofrecer atención médica, tratamientos estéticos, reconstructivos y sicológicos gratuitos en lugares cercanos a la residencia de las víctimas. Están pendientes las licencias laborales para que las víctimas acudan a sus tratamientos sin repercusiones salariales y la atención a no derechohabientes.

Desde el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) abrazamos la fortaleza y el activismo de Carmen Sánchez y Malena Ríos, víctimas sobrevivientes de esta violencia ácida que nos inspiran a continuar trabajando para que ninguna mujer más sea marcada por esta cruel huella feminicida.

La violencia contra las mujeres, la discriminación y la desigualdad, no sólo las afectan a ellas, sino que limita el desarrollo del país. Por ello el gobierno de la 4T prioriza las necesidades de las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad en los programas prioritarios, así como en las políticas y acciones que impulsa el Inmujeres con todos los sectores para cerrar las brechas de desigualdad de género.

Cada agresión contra las mujeres y las niñas nos impacta y nos emplaza; estamos actuando porque queremos dejar de contar mujeres agredidas.

Desde el Inmujeres se ha trabajado en conjunto con instancias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil para mejorar los servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia.

El Inmujeres ha impulsado diversas campañas de prevención y sensibilización que buscan crear conciencia sobre la importancia de prevenir y erradicar la violencia, así como promover cambios culturales que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres.

Además, se han establecido alianzas estratégicas con organizaciones, universidades, entidades estatales y otras instancias gubernamentales para fortalecer las acciones de prevención y atención.

* Presidenta del Inmujeres