l presidente Andrés Manuel López Obrador informó ayer que acatará el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalidó la transferencia de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y ordenó devolver la corporación al control administrativo y operativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). El mandatario aseguró que, pese a esta sentencia facciosa, dictada con criterio no jurídico, sino político, su gobierno ejercerá sus derechos y facultades para garantizar la paz y la tranquilidad de la población, por lo cual ya giró instrucciones a la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, a fin de mantener como comandante de la GN al general retirado David Córdova Campos.

Aunque la decisión adoptada por el máximo tribunal en votación dividida de ocho contra tres ya está firme, los ministros reconocieron que la mudanza de la GN a la SSPC requiere de ajustes operativos y legales que tomarán meses, por lo que será hasta el próximo jueves cuando discutan el alcance de sus efectos y los plazos con que habrá de aplicarse. De momento, la Guardia Nacional continuará sus labores sin cambios, y el presidente López Obrador ya anunció que el 1º de septiembre de 2024, cuando inicie sesiones la siguiente legislatura, enviará una nueva iniciativa de reforma constitucional para consolidar la adscripción a la Sedena e impedir que la corporación corra el mismo destino de la Policía Federal, corrompida y cómplice del crimen organizado.

El fondo del asunto radica en que los ocho ministros conocían los limitados alcances de su fallo cuando echaron abajo la reforma a la Constitución aprobada en octubre de 2022, con la que se extendió hasta 2028 la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública. Por ello, el empeño del Poder Judicial por sabotear los esfuerzos del gobierno federal en el combate a la violencia sólo puede interpretarse como un gesto de lealtad al viejo régimen y a su fallido sistema policial, bajo el cual surgió y se exacerbó la crisis de inseguridad que sigue azotando al país.

Además de la inoperancia y la probada corrupción de la Policía Federal existente hasta 2019, ese régimen conformó un aparato de jueces y fiscalías totalmente ajenos al cumplimiento de su deber, que ejercían sus funciones de espaldas a la ciudadanía, sin más horizonte ético que el interés personal y de grupo. Como ejemplo del desastre que supone dicho esquema, basta con voltear a ver los niveles de impunidad propiciados por los fiscales de Morelos, Tamaulipas o Veracruz (este último, removido por el Congreso local en septiembre de 2019), designados para cubrir las espaldas a los gobernantes salientes del perredismo y el panismo.

Es preciso entender que la estrategia de seguridad pública articulada por el actual gobierno se plantea como una de sus tareas fundamentales desmontar esas estructuras podridas y evitar la descomposición de las nuevas instituciones. Justamente ése es el propósito de diseñar la Guardia Nacio-nal como un cuerpo militarizado: las autori-dades, al igual que la mayoría de la sociedad, entienden que en las actuales circunstancias una policía federal civil se vería en riesgo permanente de caer en manos de un Genaro García Luna o un Luis Cárdenas Palomino y que, sin desconocer los vicios y debilidades de las fuerzas armadas, éstas ofrecen mayores garantías de integridad. Esto es cierto tanto en lo referente a los mandos como a la tropa, pues un sistema de autoridad vertical permite un control superior al que se da en instancias burocráticas.

Durante el periodo necesario para consolidar los avances contra la violencia y revertir la situación de inseguridad que todavía padecen millones de ciudadanos, hará falta una corporación militarizada tal como las que existen en Italia, Francia, España o Chile, todos ellos países presentados como ejemplo de buen funcionamiento institucional por los opositores al modelo de la Guardia Nacional.