El puente internacional Paso del Norte, ubicado en la zona Centro de Ciudad Juárez, Chihuahua, fue cerrado la mañana de ayer debido a que al menos 600 migrantes, la mayoría originarios de Venezuela, se concentraron en el lugar como resultado de que se divulgó en redes sociales que la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos los recibiría para darles asilo, debido a que la aplicación electrónica CBP One no les permite agendar citas con autoridades migratorias del país vecino.

El tránsito de personas y vehículos por el puente también llamado Santa Fe quedó suspendido en ambos lados de la frontera ayer entre las 10 y las 14 horas, mientras cientos de migrantes solicitaban información en la garita del costado mexicano, mezclados con decenas de peatones que se identificaron como residentes de El Paso, Texas, y mexicanos con visa, quienes exigieron que se les permitiera pasar para acudir a sus trabajos, escuelas, citas médicas y domicilios.

Unos 20 agentes mexicanos de la Guardia Nacional resguardaron los torniquetes de acceso del puente a viajantes hacia el territorio de Chihuahua, en tanto empleados del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de la entidad cerraron las casetas de cobro para vehículos.

A su vez, agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos instalaron a la mitad del puente internacional una barricada con vallas de concreto y alambre de púas para impedir el paso de la multitud.

A las 14 horas, los migrantes optaron por retirarse de manera pacífica, después de que el director del Consejo Estatal de Población y Atención a Migrantes, Enrique Valenzuela, dialogó con ellos y les aseguró que era falsa la versión de que la Border Patrol les daría asilo.

El 12 de marzo pasado alrededor de 500 migrantes se congregaron en el puente Paso del Norte e intentaron atravesar masivamente la frontera hacia Estados Unidos, pero pero fueron repelidos por agentes de la Patrulla Fronteriza que les lanzaron bombas de gas pimienta.

En este contexto, Karla Gutiérrez, titular del Registro Civil en Ciudad Juárez, informó que a la institución sólo le falta entregar ocho de las 40 actas de defunción de los extranjeros que murieron el 27 de marzo anterior en un incendio que ocurrió en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en esa localidad.

Gutiérrez comentó que un documento corresponde a un guatemalteco y siete a venezolanos, cuyo gobierno aún no realiza los trámites para identificar a las víctimas.