l 4 de abril la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, emitió un muy fuerte comunicado dirigido a los tres órdenes de gobierno. Su tesis central es lamentablemente coincidente con lo que sucede en otras regiones del país: Nos preocupa la descomposición social que va en aumento por la violencia generalizada en los pueblos de los municipios. En este tiempo hemos escuchado fuertemente como un grito en el desierto la situación de violencia estructural e institucionalizada con la presencia del crimen organizado, la proliferación de grupos armados, algunos haciendo la tarea de grupos de choque. La disputa del territorio que va deteriorando cada día más el tejido social, la explotación desmedida de los bienes naturales (reactivación de extracción minera; venta ilegal de madera, material pétreo, gasolina, etc.) la manipulación y el despojo de la dignidad de nuestros pueblos, la guerra sicológica, feminicidios, el detrimento de la fuerza comunitaria, la criminalización de las luchas y resistencias pacíficas, así como de las actividades pasto­rales de nuestra diócesis que invitan a una conciencia plena de la dignidad de hijas e hijos de Dios, sujetos de derecho. (4/4/23). Cuatro días des­pués se desató una balacera en San Cristóbal de las Casas, presumiblemente por uno de los grupos criminales y la Sedena y la Guardia Nacional respondieron con un operativo que llamaron de distensión mientras las autoridades han guardado silencio.

Sólo coloquemos, por ejemplo, dos casos recientes. Uno en el norte del país y otros en la costa de Michoacán. Sobre los asesinatos en junio de 2022 en Cerocahui, municipio de Urique en la Sierra Tarahumara, Chihuahua, de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora , además de Pedro Palma y Paul Berrelleza, la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús ha expresado su preocupación debido a que las investigaciones no tienen avances relevantes y la impunidad continúa.

El caso ha trascendido nuestras fronteras. El 1º de febrero, al otorgar medidas cautelares en favor de 11 jesuitas de Cerocahui, Chihuahua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó al gobierno mexicano a proteger la vida de los religiosos por considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia. En junio de 2022, señaló, dos sacerdotes jesuitas fueron asesinados en una iglesia en Cerocahui, municipio de Urique, y sus cuerpos fueron sustraídos por sujetos armados. El ataque y el robo de los cadáveres se atribuyó al líder criminal José Noriel Portillo, El Chueco.

Los jesuitas han sufrido amenazas y agresiones por parte de grupos del crimen organizado, lo que les impide desarrollar normalmente las actividades pastorales y de apoyo a las comunidades en la zona. La reciente noticia confirmada oficialmente sobre la muerte del ejecutor de los crímenes José Noriel Portillo Gil, El Chueco, no significa justicia, más bien aparece como probable ajuste de cuentas entre bandas criminales, señalaron la Compañía de Jesús y la diócesis Tarahumara. El caso sigue abierto.

Vamos a Michoacán y sin detenernos en Guerrero, que también clama atención. El pasado 12 de enero fueron asesinados los guardias comunitarios de Santa María Ostula Isaul Nemecio Zambrano, Miguel Estrada Reyes, y Rolando Mauno Zambrano, tres días después, 15 de enero, desaparecieron el defensor de derechos humanos Ricardo Lagunes, abogado de la comunidad nahua de Aquila, y el líder comunitario de Aquila, Antonio Díaz. Su camioneta fue encontrada con huellas de violencia y a la fecha no se tiene más noticia.

El de Eustacio Alcalá Díaz fue el asesinato más reciente en la misma zona donde era defensor nahua del territorio y del ambiente. Mediante su liderazgo, la comunidad de San Juan Huitzontla, del municipio de Chinicuila, Michoacán, logró obtener la suspensión de diversos títulos de concesión minera entregados sin que se respetara el derecho de su comunidad a dar su consentimiento libre, previo e informado. Fue secuestrado por un grupo armado el 1º de abril y su cadáver fue hallado tres días después.

La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha condenado sucesivamente el asesinato y desaparición de los defensores de derechos humanos. Ha dirigido un exhorto a las autoridades a conducir una pesquisa pronta e imparcial, que agote efectivamente todas las líneas de investigación, incluidas la labor de defensa de los derechos humanos, y que abarque a todas las personas presuntamente responsables, tanto materiales como intelectuales. Estamos ante una situación estructural, pero las momias del pasado siguen presentes; ya es tiempo de reconocerlo y actuar en consecuencia. No hay mejor consigna que la expresada por la ONU: Defender los derechos humanos no debe afectar los derechos a la vida y la libertad.