Investigadores, especialistas y directores de centros de investigación participaron en la Cámara de Diputados en el primer parlamento abierto hacia una nueva ley de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, en el que demandaron mayor participación en la definición de un nuevo marco jurídico en la materia.

El foro sobre la iniciativa de Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en diciembre pasado, la cual reconoce el derecho humano a la ciencia y define una nueva política pública para el sector) fue organizado por las comisiones unidas de Ciencia, Tecnología e Innovación y de Educación.

Integrantes de la comunidad científica coincidieron en la importancia de incrementar el financiamiento al sector y construir políticas públicas concertadas con la comunidad científica.

El doctor Víctor Espinoza Valle, presidente de El Colegio de la Frontera Norte, destacó que este nuevo marco normativo fue discutido por las comunidades científicas desde hace cuatro años, y abre la posibilidad de aplicar cambios en el sector después de 20 años en los que no hubo modificaciones de fondo.

Aseveró que la iniciativa de ley no sólo reconoce las distintas clasificaciones de los centros públicos de investigación, sino que impulsa la construcción de un verdadero sistema nacional de centros públicos, que, afirmó, hasta la fecha sólo ha existido en el papel.

Indicó que se avanza en la gobernabilidad de los centros y la incorporación de las comunidades científicas en la toma de decisiones.

Gisela María Pérez Fuentes, profesora-investigadora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, señaló que esta propuesta de ley reconoce el derecho humano a la ciencia no como un simple enunciado académico o retórico: es verdaderamente una articulación de un derecho fundamental obviado a pesar de todas las reformas constitucionales anteriores a favor del principio propersona.

Para hacer posible el derecho humano a la ciencia, enfatizó, se requieren políticas públicas que salvaguarden el desarrollo de áreas estratégicas del Estado. Dichos ejes programáticos persiguen consolidar a la comunidad científica e impulsar la ciencia básica y de frontera, así como solucionar problemas nacionales para el beneficio de todos sin limitar la investigación libre ni ceñirla a las líneas establecidas en los programas nacionales estratégicos, definidos por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.