La iniciativa de reforma en materia de minería que envió el gobierno federal a la Cámara de Diputados es una de las propuestas más completas, equitativas e importantes de los últimos 30 años, aunque deja pendientes aspectos relevantes, como la transparencia y la rendición de cuentas sobre la actividad de los grandes consorcios y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, apuntó Aleida Azamar Alonso, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco.

Agregó que con ella se busca poner fin a un modelo depredador, que ha puesto en riesgo el bienestar social y las finanzas públicas del país desde hace décadas. Destacó la incorporación de un capítulo de delitos para castigar con cárcel a la empresa minera que menoscabe la seguridad física de sus trabajadores.

La propuesta presidencial beneficia incluso a las empresas mineras, porque el hecho de que tengan que cumplir con una mayor responsabilidad ambiental-social evitaría accidentes como Pasta de Conchos o El Pinabete, en Coahuila, opinó en entrevista.

Consideró que faltó incluir medidas adicionales como la transparencia, el punto más importante que obligaría a las mineras a dar información clara y detallada sobre sus operaciones, sus impactos ambientales y sociales, así como sus obligaciones fiscales y tributarias. Podrían ser, por ejemplo, informes anuales de sostenibilidad y responsabilidad social, además de divulgación de información financiera y de impacto ambiental y social.

Azamar Alonso señaló que esta propuesta se enfrentará al lobby minero y a una amplia resistencia del sector empresarial –la Cámara Minera de México por ejemplo–, porque es una limitación para ellos netamente económica. En la Cámara de Diputados la iniciativa hará frente a los grandes empresarios mineros y a políticos que estén a favor de éstos.

Consideró como un gran acierto del gobierno la iniciativa, porque se escuchó a las comunidades, a académicos y activistas. Por ello, resaltó, se tiene claro que el panorama minero –con la ley que data de 1992– ha sido muy destructivo y muy dañino con el medio ambiente y las poblaciones. Abogó por que se realice un parlamento abierto para que la iniciativa sea ampliamente discutida.

Por su parte, el colectivo Cambiémosla Ya, en un análisis sobre la iniciativa, destacó que se plantean obligaciones para las concesiones vigentes, las cuales en un año, a partir de que se decrete, deberán expedir una carta de crédito como garantía ante posibles daños y presentar a la Semarnat un programa de restauración, cierre y poscierre de minas.

Plantea que no se otorgarán prórrogas a las concesiones existentes en áreas naturales protegidas, además de que las empresas estarán obligadas a presentar un informe anual de descargas, con su respectiva composición química.

También destacó el hecho de que no se otorgarán concesiones en zonas sin disponibilidad de agua ni donde se ponga en riesgo a la población.