í, efectivamente, el canciller se encarga del tema migratorio en lo que concierne a las relaciones internacionales, los convenios, las concesiones, los arreglos por debajo de la mesa y los bomberazos creados por el Instituto Nacional de Migración (INM). Pero la política interior depende del secretario de Gobernación, que según ha dicho no se encarga; del subsecretario de Migración, Población y Derechos Humanos, a cargo de Alejandro Encinas, que nunca se ha encargado de nada relacionado con migración, y de Francisco Garduño, en INM, que todavía sigue en el puesto y tampoco se encarga, ni se responsabiliza de los hechos ocurridos: los responsables, hasta ahora, son los migrantes que prendieron los colchones, la policía privada y un par de funcionarios que aparecieron en un video.

Por su parte, en la Secretaría de Gobernación (SG) hay una unidad de política migratoria (UPN) que no se encarga propiamente de la política, sino de generar insumos estadísticos y análisis, para que otros tomen decisiones. Y en la SRE se encarga, supuestamente, de migración el jefe de la Unidad de América del Norte, Roberto Velasco, que tiene una cantidad de funcionarios bajo su mando y que incluye una Dirección de Asuntos Fronterizos, pero ninguna de migración.

Hay dos momentos de crisis importantes en lo que va del sexenio de la presente administración, los chantajes de Trump y la tragedia de Ciudad Juárez. Se habla mucho de la amenaza de los aranceles y cómo se solucionó el problema, con 20 mil miembros de la Guardia Nacional dedicados a contener la migración, pero no se dice nada de las causas de esa crisis, que fue la política migratoria implementada por la SG y el INM, a cargo de Tonatiuh Guillén.

La política de puertas abiertas de enero de 2019, de bienvenida y certificación de los migrantes en tránsito, implementada por el INM y calificada como un nuevo paradigma, fue la que provocó un incremento notable de los flujos y dio pie a despertar las iras contenidas de Donald Trump, que amenazó con aranceles, si no se detenía el flujo.

Ahora sabemos que hubo dos posiciones, la de aguantar el golpe y negociar, porque se trataba de un bluf, y la otra posición que consideraba la amenaza como muy factible y había que evitar a toda costa el golpe y negociar. El gobierno optó por la segunda y envió a Marcelo Ebrard a negociar. A toro pasado, se dice que mejor hubiera sido aguantar el embate y buscar aliados en el Congreso. ¿Quién sabe? Donald Trump, lo sabemos, no acepta derrotas y una alteración significativa del flujo comercial, aunado a la pandemia y el cierre de fronteras, que vino después, habría sido muy complicado para el país.

Esta fue la segunda gran concesión del gobierno de AMLO a Estados Unidos, la primera fue en diciembre de 2018, cuando se aceptó la devolución de solicitantes de asilo que negoció Mike Pompeo con Marcelo Ebrard. En ambos casos se trató de evitar la firma de un acuerdo de tercer país seguro. Por eso mismo, también se aceptó el programa Quédate en México, la devolución en caliente de extranjeros con el pretexto de la pandemia y la aplicación del Título 42 y la más reciente concesión de recibir a 30 mil migrantes mensuales de nacionalidad haitiana, cubana, venezolana y nicaragüense que Estados Unidos no puede deportar y que México se encargue del asunto. ¿Quién se encarga? Misterio. No sabemos si entre los fallecidos del llamado albergue de Ciudad Juárez hay alguno de estos casos.

Además de las condolencias de Estados Unidos por la tragedia de Ciudad Juárez, dijeron explícitamente que su país podría proporcionar ayuda si el gobierno mexicano lo solicitaba. Obviamente, se trata de ayuda financiera, y se infiere que México no ha aceptado ayudas financieras por todas estas concesiones. Los gastos del entuerto migratorio, desde la frontera sur a la norte, los hace México.

Y en todo este maremágnum, se podría decir que ha sido sabio no aceptar dinero de Estados Unidos. Los historiadores dela migración del vecino país podrán decir que se ofreció ayuda y México no la quiso aceptar. Con esos millones de dólares estadunidenses se podrían haber construido decenas de centros de detención con todas las facilidades del caso y no ratoneras como la de Ciudad Juárez. Pero ya lo sabemos, desde hace mucho tiempo, lo que significó aceptar dinero de compensación por la mitad de nuestro territorio y luego por la Mesilla.

El tema migratorio se ha convertido en un verdadero problemón para México y resulta curioso que los funcionarios se tiren la pelota entre ellos, que el encargado formal no se haga cargo y que el informal, acepte una misión para la cual no está preparado, ni se sabe, bien a bien, cuáles son sus funciones y responsabilidades.

Hoy en día, la política migratoria y la llamada gobernanza es un asunto muy complejo, ya quedó atrás aquello de la política de la no política que aplicaban los priístas de antaño. Ahora el tema nos rebota, ya no es cómo era antes.

El asunto migratorio es una papa caliente y muchos se han quemado. Si no, pregúntenle a Kamala Harris. Pero aquí, hasta el momento, no hay ningún funcionario chamuscado.