La iniciativa de reforma en materia de minería que envió el martes el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados implica fuertes repercusiones para el sector y pone en riesgo su actividad presente y futura, advirtieron representantes de la industria en el país.

La reforma que propone el Ejecutivo busca otorgar mediante concurso público las concesiones mineras, reducir su vigencia de 100 a 30 años como máximo y las condiciona a la disponibilidad hídrica de las diferentes localidades.

En respuesta a una solicitud de información, la Cámara Minera de México (Camimex) indicó que dichos cambios representan importantes impactos y consecuencias no sólo para la industria minera y demás relacionadas, sino también para la economía nacional y para el bienestar social del país.

En tanto, la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México fue más contundente al advertir que podría generar impactos negativos a la actividad minera nacional y poner en riesgo la subsistencia y continuidad de la misma.

Dicho organismo explicó que la iniciativa pretende modificar drásticamente los procedimientos para la obtención de concesiones mineras, sus requisitos, el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de obligaciones y sus sanciones, lo que podría generar salida de capital a gran escala y decrecimiento de la industria minera.

Análisis riguroso

Destacó que la industria minera en México da empleo directo a más de 406 mil personas y genera más de 2.5 millones de empleos indirectos.

Los cambios implicarían un impacto severo a la forma habitual en que se desarrolla la industria y un cambio radical a las disposiciones sobre las cuales las empresas mineras nacionales y extranjeras invirtieron en México, lo cual afectaría los planes y operaciones actuales, cuya inversión promedio anual supera 4 mil millones de dólares. La incertidumbre generará la contracción de las inversiones, advirtió la asociación.

En tanto, la Camimex agregó que por el momento analiza el contenido de la iniciativa y el alcance de los cambios legales propuestos, pues es notorio que implican repercusiones para el desarrollo del sector minero y de otras áreas industriales relacionados con la producción de materias primas.

El organismo que aglutina a las empresas mineras más grandes del país tanto nacionales como extranjeras añadió que sus afiliadas iniciaron un análisis riguroso de dichas propuestas, con la certeza de que serán motivo de una discusión legislativa amplia, incluyente e informada, en la que tendrán cabida todos los actores involucrados.

El propósito de la iniciativa enviada a la Cámara de Diputados, según dice la exposición de motivos, es terminar con el extractivismo voraz de las empresas mineras, así como recuperar la rectoría del Estado sobre los minerales y recursos hídricos del subsuelo del país.