El Instituto Nacional Electoral (INE) aduce argumentos de derechos humanos, laborales y de asignación de presupuesto en su controversia constitucional contra el Plan B, por ello, el ministro Javier Laynez Potisek la admitió a trámite.

La procedencia de los juicios constitucionales por esta vía es aún tema de controversia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En tanto, se dio a conocer que el ministro Javier Laynez dio entrada a otras dos impugnaciones contra dicho plan presentadas por Movimiento Ciudadano y PRD.

Aunque el artículo 105 de la Constitución señala que la SCJN resolverá las controversias constitucionales entre órganos autónomos y los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, subraya que será con excepción de las que se refieran a la materia electoral.

Sin embargo, el INE ha logrado dar la vuelta a esta restricción centrando su impugnación en temas no comiciales.

Así, en la controversia constitucional 261/2023 que promovió contra el plan B aduce posibles violaciones a las garantías fundamentales de los ciudadanos y a los derechos laborales de los trabajadores del INE, e invasión a sus esferas de competencia.

De esta manera, en su demanda adopta el papel de defensor de sus empleados y pide a la SCJN que no sean aplicados los preceptos impugnados y los que resulten perjudiciales respecto de los derechos laborales adquiridos.

El instituto también afirma que de aplicarse la restructuración que ordena la reforma, no tendría recursos para atender la demanda de credenciales de elector, con lo cual se vulnerarían los derechos humanos tanto de identidad como los de carácter político electoral de la ciudadanía.

No es la primera vez que el INE recurre a la controversia constitucional para combatir leyes que afectan su presupuesto y estructura. Apenas en junio pasado ganó en la primera sala de la SCJN un juicio contra el recorte a su presupuesto correspondiente a 2022. También en este caso argumentó que violaba su autonomía, invadía su esfera de competencias y lesionaba el derecho humano a la participación ciudadana.

La Corte informó que el ministro Laynez aceptó a trámite las acciones de inconstitucionalidad 71/2023, de MC, y la 75/2023, del PRD. Sin embargo, en ambos casos negó la suspensión, debido a que ya se otorgó la medida cautelar a petición del INE.