Organizaciones defensoras de derechos humanos exigieron esclarecer la muerte de 38 personas causada por el incendio de una estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua. Coincidieron en que lo acontecido “no se diluye señalando que estaban ‘retenidos’ en un ‘área de aseguramiento temporal’ ni insistiendo en que ‘protestaban’”.

Dado que estas personas estaban privadas de su libertad por autoridades, el Estado era garante de su vida, enfatizó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

El director de la Organización Internacional para las Migraciones, Antonio Vitorino, instó a que autoridades investiguen y garanticen que la seguridad de las personas sea la principal prioridad.

El representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Giovanni Lepri, aseguró que esta tragedia no debió ocurrir.

Más de 200 organizaciones, entre ellas el Instituto para las Mujeres en la Migración, Esperanza Migrante y Cafemin, destacaron en un posicionamiento que afirmar que lo sucedido en Juárez es consecuencia de una protesta-motín es especular y revictimizar.

Las estaciones migratorias, estancias provisionales y demás lugares habilitados bajo la ley son centros de detención donde las personas se encuentran privadas de la libertad, incomunicadas, hacinadas y encerradas con candados, subrayaron.

Exigieron adelantar el proceso de identificación y entrega digna de los restos a las familias; investigar los hechos e identificar a los funcionarios públicos responsables; destitución e inhabilitación inmediata del comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, y que se den garantías de no repetición, entre otras.

La Fundación para la Justicia también demandó al gobierno de Estados Unidos reconocer la responsabilidad en este y otros hechos violatorios, por promover e impulsar políticas de detención y deportación, y a Naciones Unidas le pidió crear un mecanismo especial internacional que coadyuve a la investigación de esta tragedia.

El Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria exigió la renuncia inmediata de Francisco Garduño. Asimismo, responsabilizó al gobierno de México y particularmente al comisionado del instituto por la falta de protocolos y rutas de evacuación en caso de siniestros y sobre las causas estructurales que provocan este tipo de sucesos: falta de información y resolución efectiva de los casos.

La Conferencia del Episcopado Mexicano señaló que no podemos permitir que el tránsito por México se convierta en un calvario.

Indicó que la tragedia en Juárez no es ajena y preocupa, pues no se trata de casos aislados, y guarda estrecha relación con lo sucedido en 2020, cuando una persona nacional de Guatemala perdió la vida en la estación migratoria de Tenosique, Tabasco.