La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó una nueva propuesta del ministro Luis María Aguilar Morales, que planteaba restringir el fuero castrense, señalaba que los tribunales militares no son autónomos y planteaba que los delitos de esta jurisdicción únicamente podían ser cometidos dentro de instalaciones de las fuerzas armadas.

Al retomar el análisis de las impugnaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a los códigos de Justicia Militar (CJM) y Militar de Procedimientos Militares (CMPP), una mayoría de ocho ministros rechazaron la propuesta de Aguilar de resolver el caso con base en un parámetro constitucional, que sería sustento para resolver todo el tema.

Esta interpretación de la Carta Magna partía de señalar que los tribunales militares dependían directamente del Poder Ejecutivo y, por tanto, no podrían considerarse autónomos, hipótesis que fue rechazada por la mayoría.

Incluso, quiero decir que, si hiciéramos un esfuerzo de analizar el marco normativo sobre las garantías de independencia y parcialidad de los tribunales militares mexicanos a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos, es posible concluir que tienen independencia e imparcialidad, afirmó el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, al argumentar contra la propuesta.

Los ministros también rechazaron la propuesta de Aguilar Morales para fijar un criterio espacial, que sentaría la tesis de que los militares únicamente pueden cometer delitos del fuero castrense dentro de sus propias instalaciones. Si lo hicieran fuera de estos lugares, cualquier posible delito tendría que ser procesado en el fuero civil.

Para la ministra Loretta Ortiz Ahlf, esta restricción sería contraria a los criterios internacionales de protección a los derechos humanos.

En primer lugar, sobre el factor espacial, considero que la premisa en que se basa el proyecto, en el sentido de que los militares a priori no podrían cometer faltas a la disciplina castrense en un espacio determinado, podría ser incompatible con la doctrina desarrollada por este alto tribunal y por los órganos intérpretes del sistema interamericano y universal de derechos humanos, advirtió la ministra.

Desechado el parámetro con el que Aguilar Morales proponía resolver todo el caso, los ministros acordaron analizar uno por uno los artículos de los códigos militares que han sido impugnados, y argumentar en cada uno de ellos las razones jurídicas de su validez o invalidez.

Este análisis comenzará en la SCJN a partir de la sesión de hoy.