ue no cante victoria, que no piense que ya terminó todo, responde el presidente López Obrador a la derecha autóctona que ha descorchado su mejor champán para celebrar la suspensión indefinida del llamado plan B, logro que debe agradecer a uno de sus serviciales amigos en el Poder Judicial de la Federación, es decir, Javier Laynez Potisek, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien a la velocidad de la luz declaró tal inhabilitación.

Feliz con las burbujas, pues, pero la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (desde ya anuncia que impugnará dicha suspensión y exigirá su revocación) aporta valiosos elementos que desgasifican la celebración de la derecha: Laynez Potisek “se extralimitó en sus funciones, porque en materia electoral no es procedente este recurso y estas decisiones deben determinarlas los 11 ministros (de la Suprema Corte de Justicia de la Nación)… Esa determinación resulta contraria a los principios fundamentales del estado de derecho que nos rige, pues es preocupante que el ministro instructor desconozca las reglas del procedimiento que regula controversias constitucionales lo que desnaturaliza este medio de control constitucional que busca alcanzar el equilibrio sano entre los poderes de la unión… Es fundamental que los ministros que integran la SCJN actúen dentro de las atribuciones que les corresponden, sin traspasar los límites que les imponen la Constitución y las leyes”.

Algo más: el ministro Laynez arrancó hojas de la Constitución para proceder, pues el artículo 105, fracción I impide que se promuevan controversias constitucionales en el ámbito electoral. La Constitución sólo faculta a la SCJN para conocer de las controversias donde se cuestione la regularidad constitucional de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral; esto es, existe una restricción constitucional expresa para que no se discutan las reglas electorales entre los órganos del Estado, pues no es función del árbitro electoral cuestionar las normas jurídicas que el Poder Legislativo tuvo a bien expedir. Ante esta serie de “arbitrariedades (…), se actuará en consecuencia”.

En la clásica práctica del sabadazo (sólo que Laynez decidió que fuera el viernes por la noche y sin notificar al gobierno federal), el ministro decidió la suspensión indefinida. Ante ello, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal advirtió: “no había ocurrido que un solo juez dejara sin efectos la totalidad de una ley electoral aprobada legítimamente por el Poder Legislativo y ordenara revivir las disposiciones derogadas; en su caso, es procedente con el aval de ocho ministros… Se trata de una resolución injustificada e innecesaria”.

De acuerdo con Laynez, la suspensión indefinida fue para preservar el sistema democrático, que no tiene por qué ser carísimo ni mantener, como si fueran faraones y en términos cada día más onerosos para los mexicanos, a la burocracia dorada del INE, en el entendido de que se trata de servidores públicos y no de gerentes de empresa privada. ¿Quieren ganar mucho dinero y tener prestaciones a manos llenas? Bien, que trabajen, por ejemplo, en alguna de las empresas del papá de Claudio Jr., aunque es improbable que ahí les paguen lo que obtienen como consejeros electorales (o como ministros de la SCJN).

López Obrador dijo que Laynez “se extralimitó, se excedió, y en los hechos se convierte en el Poder Legislativo, porque anula la decisión que tomaron diputados y senadores. Lo importante es saber por qué actúan así: no es un asunto jurídico, sino político; diría mercantil: no quieren que se reduzcan sus sueldos. En eso consiste ‘el INE no se toca’. Bueno, los mismos ministros de la Corte violan la Constitución”.

Cierto es que la democracia no tiene precio y la propuesta presidencial ni lejanamente tiene el objetivo de agredirla, minimizarla o de plano pasar sobre ella, sino de abaratar el creciente costo que representa esa casta divina (hay que sumar a los demás organismos autónomos), a cuya cabeza visible, el lacrimoso Lencho, sólo le restan seis días de hueso.

Las rebanadas del pastel

Sólo para tener en cuenta: entre otras chambas, ¿dónde laboró Laynez Potisek? Consejero jurídico adjunto del Ejecutivo federal (Ernesto Zedillo y Vicente Fox), encargado de las reformas constitucionales, especialmente al sistema de seguridad pública; más adelante, la energética de Enrique Peña Nieto, quien lo hizo ministro de la SCJN, junto a Norma Piña. Entonces, no hay que esperar mucho de él.

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