Miguel López Vega lo quiere volver a encarcelar el gobierno de Puebla. Ya lo detuvo en 2020 y se vio obligado a liberarlo por falta de pruebas. En aquel entonces lo acusó, en un proceso amañado, de obstrucción de obra pública y daño a las vías de comunicación.

Miguel es un ecologista de los pobres que defiende el agua y la vida. Campesino de la comunidad de Santa María Zacatepec, municipio de Juan C. Bonilla, Puebla. Se opone, junto a los guardianes del río Metlapanapa, tributario del río Atoyac, a la construcción de dos drenajes sanitarios pluviales y sistemas de alcantarillado, que vacíen los deshechos tóxicos de Ciudad Textil Huejotzingo al caudal del Metlapanapa, disfrazados de meros colectores de agua de lluvia.

La obra pretendió realizarse sin consulta previa e informada con los pueblos. Fue clausurada porque representa un riesgo al ambiente. La Fiscalía Anticorrupción de Puebla investiga a funcionarios involucrados en ella. El hoy ­prófugo, Alfredo Ávila Salazar, director del proyecto de deshechos tóxicos de Ciudad Textil, fue acusado del desvío de más de mil millones de pesos.

En el corredor industrial de Huejotzingo abundan plantas de autopartes y textileras. Sin embargo, el Parque Industrial Ciudad Textil continúa descargando aguas tóxicas a cielo abierto y en el drenaje que lograron enterrar, contaminando los pozos de la región. Apenas a finales de 2022, las descargas de aguas residuales en el arroyo Rabanillo, ubicado en San Pedro Cholula, lo tiñeron de azul. En otros tramos el líquido se torna colorado.

Curiosamente, por Santa María Zacatepec pasa el Proyecto Integral Morelos (PIM) (https://bit.ly/42ytI3A), megaproyecto energético que contempla la construcción de un gasoducto que atraviesa más de 60 comunidades campesinas de Morelos, Puebla y Tlaxcala, la termoeléctrica en Huexca, y un acueducto para trasladar 50 millones de litros de agua diarios del río Cuautla. En febrero de 2019, en Amilcingo, Morelos, fue asesinado el herrero, campesino y locutor de una radio comunitaria, Samir Flores, por oponerse al PIM.

Como parte de su resistencia a los drenajes, en enero de 2020 la comunidad desconoció al presidente auxiliar de Santa María Zacatepec, alineado con los intereses empresariales, y nombró, reivindicando el ejercicio del derecho a la libre determinación, de acuerdo con su sistema normativo interno, un concejo mayor formado por un alcalde, un alguacil mayor y un fiscal (https://bit.ly/3ZicaWz).

El Atoyac es uno de los afluentes más contaminados del país. Su cuenca es zona de emergencia ambiental. Las empresas asentadas en el corredor industrial vacían a su caudal arsénico, cianuro, mercurio, plomo. Los daños a la salud de los habitantes que viven en su cuenca son altísimos. Como lo ha documentado el Centro Fray Julián Garcés de Derechos Humanos, sus pobladores padecen altos porcentajes de cánceres, leucemias, deficiencias renales, malformaciones genéticas e infertilidad.

Miguel es concejal del Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CNG). La periodista Daliri Oropeza (https://bit.ly/3lIKFry) cuenta cómo Miguel, quien aprendió a hablar náhuatl y es querido y respetado en su comunidad, campesino al que nuevamente se quiere arrestar, siembra maíz azul y blanco y prefiere los tlacoyos de haba y frijol. Es, además, recolector de chapulines en las milpas. El insecto forma parte de la dieta de los pueblos nahuas que rodean los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, una inmensa fábrica de agua. Es también radialista, fundador y locutor de Radio Comunitaria de Zacatepec, y da las noticias y conduce el programa Ritmos de mi pueblo.

No obstante que a Miguel no pudieron vincularlo a proceso en 2020, la Comisión Estatal del Agua (CEA), se quejó en 2022, dos años después de salir de prisión, de que no se había enterado de su liberación y presentó una apelación en contra (misma que tuvo que haber hecho tres días hábiles). Para demostrar que la justicia es efectivamente ciega cuando se trata de poner a salvo los derechos del pueblo llano, la sala aceptó la apelación y la declaró fundada. Y, en el colmo de la arbitrariedad, el juez primero de distrito en materia penal del estado de Puebla, deshechó el amparo de Miguel contra la la apelación de la CEA, argumentando que ¡no le causa agravio! que le imputen nuevamente delitos que ya le habían sido quitados.

Al recobrar su libertad en 2020, Miguel explicó: Ver contaminado este río mataría los recuerdos e ilusiones, de quienes alguna vez caminamos su cauce, pues ahora enfermaría a todos los habitantes de Zacatepec, traería muerte (https://bit.ly/3LRMAEH). Ahora, al ecologista de los pobres lo quieren encarcelar nuevamente por negarse a aceptar que el río Metlapanapa, y con él los pueblos asentados a su alrededor, sean condenados a muerte.

Twitter: @lhan55